Esta mañana en Berazategui, usuarios del sistema de transporte público local expusieron con claridad el impacto cotidiano de un conflicto que escala entre el Estado y las empresas del sector. Con recortes en las frecuencias, demoras y menor cantidad de unidades en circulación, el eje de las preocupaciones se concentra en dos variables: el precio del boleto y la calidad del servicio.
Según relataron pasajeros en distintas paradas, la reducción de frecuencias es una de las principales dificultades. La menor presencia de colectivos en la calle responde, de acuerdo a las empresas, a la imposibilidad de sostener costos operativos en un contexto de suba del combustible, su principal insumo. Frente a este escenario, aseguran que solo pueden mantener en circulación las unidades que logran cubrir con los ingresos actuales.
El conflicto se da en paralelo a un debate más amplio sobre la estructura de costos del sistema. El ministro de Transporte señaló que, para equilibrar el valor del boleto, la tarifa debería ubicarse al menos en los $2.000, aunque advirtió que incluso ese nivel no garantizaría una solución de fondo.
A la vez, desde el área económica del Gobierno se planteó que una suba en el precio del combustible enmarcada en la actual crisis internacional puede tener impacto inflacionario. En ese contexto, las empresas reclaman una recomposición de los subsidios retirados por el Estado nacional, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que una medida en ese sentido pondría en riesgo el objetivo de superávit fiscal.
En este escenario de tensiones cruzadas, los usuarios quedan en el medio: enfrentan aumentos en las tarifas, deterioro en la calidad del servicio y mayores tiempos de espera. La situación refleja un sistema en desequilibrio, donde las decisiones económicas y políticas tienen un correlato directo en la experiencia diaria de quienes dependen del transporte público.
