Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina revela que aproximadamente el 15 % de los asalariados registrados en el país enfrenta dificultades para cubrir sus necesidades básicas de alimentación.
El estudio advierte que este fenómeno ya no se limita exclusivamente a quienes están fuera del mercado laboral o trabajan de forma informal, sino que también afecta a personas con empleo formal, aunque con ingresos bajos o condiciones laborales precarizadas. Según los datos, el porcentaje de trabajadores que no aseguran una dieta estable asciende al 25,3 % en el caso de cuentapropistas y empleados domésticos.
El reporte profundiza en las disparidades que persisten a partir de variables como el nivel educativo y la calidad del empleo. En quienes solo alcanzaron hasta la secundaria incompleta, la inseguridad alimentaria alcanza el 34 %, mientras que entre quienes tienen formación universitaria desciende al 4,6 %.
Por otro lado, el informe señala que los trabajadores informales (24 %) sufren esta problemática en mayor medida que los empleados formales (9,8 %) y que los estatales (14,1 %).
La cantidad de horas trabajadas también influye: se observa que las personas con jornadas parciales sufren en mayor proporción esta situación (21,1 %) frente a quienes cumplen jornada completa (12 %) o quienes trabajan en exceso de horas (13,3 %).
Geográficamente, el área del conurbano bonaerense emerge como uno de los focos más críticos, con un 18,9 % de trabajadores asalariados en inseguridad alimentaria, en contraposición con un 7,1 % en la ciudad de Buenos Aires.
En lo que respecta a género y edad, los jóvenes de entre 18 y 34 años presentan una incidencia del 17,1 % en inseguridad alimentaria, mientras que las mujeres alcanzan un 15,5 % frente al 15 % de los varones.
El informe concluye que tener empleo ya no garantiza el acceso pleno a una alimentación adecuada. La combinación de salarios erosionados, inflación persistente y empleo de baja calidad ha extendido la inseguridad alimentaria hacia segmentos de la población tradicionalmente considerados protegidos.
Este escenario plantea un desafío social y económico de gran magnitud: implica revisar las políticas de empleo, salario mínimo, acceso a la seguridad social y los mecanismos de protección social para garantizar que trabajar no suceda a costa de la dignidad alimentaria.
