En 2026, se espera que los consumidores paguen casi el 86 % del valor real de la electricidad, mientras que el Estado disminuirá fuertemente su contribución al financiamiento de la energía eléctrica en Argentina. Esta estimación surge de un análisis técnico que evalúa la Resolución 848/25 de la Secretaría de Energía, la cual impulsa una transición hacia subsidios más focalizados y menos generalizados.
El documento proyecta que la participación promedio del usuario en el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) alcanzará aproximadamente el 85,87 %, reduciendo la proporción sufragada por el Estado a cerca del 24,13 %. Esto implica una variación acumulada de casi un 191 % en comparación con 2023, reflejando un cambio profundo en el esquema tarifario tras años de asistencia amplia.
Esta modificación marca un alejamiento de los subsidios universales hacia un sistema en el que los hogares asumen una mayor parte del costo real del servicio, con ajustes escalonados para evitar impactos abruptos. En 2023, el Estado absorbía más del 70 % del costo eléctrico, pero para finales de 2025 esa cifra ya había disminuido, con los usuarios cubriendo alrededor del 66,9 % y el Estado reduciendo su aporte a poco más del 33 %.
El informe también detalla elementos del nuevo diseño tarifario, como la eliminación de topes a las tarifas, la introducción de consumos base según segmentos de usuarios y una progresiva equiparación entre distintos precios regulados, que en conjunto explican gran parte del avance observado en la participación de los usuarios.
Desde el plano fiscal, la fuerte retracción de los subsidios aparece como uno de los ejes del esquema energético proyectado para 2026. Sin embargo, el traslado casi total del costo del servicio a los usuarios plantea interrogantes sobre su impacto social y distributivo, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y tarifas en alza. La redefinición del rol del Estado en el sostenimiento del sistema eléctrico, lejos de ser neutra, profundiza la carga sobre hogares y sectores productivos, mientras se prioriza el ajuste del gasto público por sobre la garantía de acceso a un servicio esencial.
