La red de rutas nacionales argentinas atraviesa una de las peores crisis de las últimas décadas, con un deterioro que ya no es sólo una cuestión de infraestructura sino un problema de seguridad pública con consecuencias directas sobre la vida de quienes transitan diariamente por estas vías.
Según relevamientos técnicos elaborados por trabajadores de Vialidad Nacional y gremios del sector, la parálisis de la obra pública y el ajuste en inversión vial han dejado a entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales en estado “regular o malo”, con tramos completamente descuidados y falta de mantenimiento preventivo.
La parálisis de la obra pública y sus efectos
En los últimos años, la ejecución de obras viales en la Argentina sufrió un freno sustancial. La inversión en rutas y el mantenimiento de la infraestructura se redujeron drásticamente, mientras que numerosos proyectos quedaron paralizados o directamente cancelados. Esto incluye desde repavimentaciones esenciales hasta la renovación de señalización y sistemas de drenaje, tareas básicas para garantizar la seguridad de conductores y transportistas.
El desfinanciamiento del organismo encargado del mantenimiento y ejecución de obras —la Dirección Nacional de Vialidad— junto con la subejecución presupuestaria, ha agravado la situación. Organismos técnicos y gremiales vienen alertando que no se trata sólo de baches o asfaltos agrietados: falta personal especializado, mantenimiento de banquinas, refuerzos estructurales y obras de mitigación integral de riesgos.
Riesgo real para quienes transitan
Los malos tramos viales no son un problema abstracto: se traducen en accidentes con consecuencias fatales o lesiones graves. El deterioro del pavimento, la falta de señalización clara y la ausencia de obras de mitigación aumentan la probabilidad de siniestros, tanto en rutas utilizadas cotidianamente por trabajadores que realizan viajes largos como por familias que se desplazan por vacaciones o escapadas de fin de semana. En zonas del país donde la red vial es clave para la producción agrícola o el turismo, los riesgos se amplifican.
Los estudios técnicos y fuentes gremiales también señalan que las víctimas fatales en accidentes de tránsito vinculados a las malas condiciones de las rutas han aumentado, en parte por la falta de obras y mantenimiento adecuados.
Consecuencias económicas y sociales
Más allá del peligro inmediato para la seguridad de las personas, la crisis vial tiene efectos en la actividad económica: el transporte de cargas se vuelve más lento y costoso, el turismo se ve desalentado en corredores de alto riesgo y la logística de producción nacional se tensiona. Además, la falta de obras agrava desigualdades territoriales, afectando con mayor dureza a regiones cuya conectividad depende casi exclusivamente de rutas nacionales.
¿Qué reclaman los expertos?
Tanto técnicos de Vialidad Nacional como sindicatos vinculados a la infraestructura han pedido una urgente reactivación de la obra pública vial y una revisión de las prioridades de inversión, para evitar que las rutas se conviertan en una “trampa mortal” para quienes las usan. La discusión sobre si la gestión de estas obras debe permanecer en manos del Estado, compartirse con provincias o integrarse a concesiones privadas también sigue abierta, pero el consenso general apunta a la necesidad de acciones inmediatas que reduzcan los riesgos viales.
