El Gobierno nacional oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias y abrió así un acelerado y polémico capítulo legislativo para cerrar el año. Mediante el Decreto 865/2025 (firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni) se estableció que el Congreso deberá sesionar entre el 10 y el 30 de diciembre, en un clima político que promete tensiones y negociaciones de último minuto. La Casa Rosada busca aprovechar ese período para impulsar una batería de proyectos clave que considera indispensables para ordenar las cuentas públicas y avanzar con su hoja de ruta reformista.
En el centro de la agenda figura el Presupuesto 2026, considerado la prioridad absoluta del oficialismo. El Ejecutivo pretende obtener la media sanción antes del 17 de diciembre, y aunque admite que podrían incorporarse modificaciones, deja en claro que no aceptará alteraciones que comprometan su objetivo de equilibrio fiscal. La discusión vuelve a foja cero, ya que el dictamen previamente emitido en comisiones quedó sin efecto con el final del período ordinario, obligando a reiniciar el trámite parlamentario.
Pero el presupuesto no será lo único en juego. El temario incluye además una reforma tributaria presentada como “Ley de Inocencia Fiscal”, orientada a simplificar el sistema impositivo y redefinir cargas y responsabilidades. También se incorpora el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, una iniciativa con la que el Gobierno busca anclar reglas de disciplina fiscal a mediano plazo y establecer parámetros más rígidos para evitar desequilibrios financieros.
El paquete se completa con una modernización laboral aún sin detalles públicos, pero que el oficialismo describe como un mecanismo para dinamizar el mercado de trabajo, reducir costos patronales y promover el empleo formal. A esto se suma una amplia reforma del Código Penal, que incluiría endurecimiento de penas, revisión de criterios de excarcelación y prescripción, y la incorporación de delitos que pasarían a ser imprescriptibles, especialmente vinculados a corrupción y crímenes contra menores.
Otro punto que promete debate es la actualización de la Ley de Glaciares. Varias provincias del Norte y de Cuyo reclaman redefinir las zonas periglaciares para permitir el avance de proyectos mineros. El Gobierno incluyó el tema en el temario con el argumento de “actualizar normativa” y atender diferencias interpretativas que, según sostiene, afectan el desarrollo productivo regional.
Con esta convocatoria, la administración Milei deja claro que pretende cerrar el año con avances concretos en su programa y que el Congreso será el escenario central de esa disputa. La oposición, en tanto, ya anticipa que el temario abrirá una dura discusión política y técnica. Lo que sí está asegurado es que diciembre se perfila como un mes de tensión legislativa, negociaciones frenéticas y decisiones que podrían marcar buena parte del rumbo político y económico del año próximo.
