La emblemática fábrica de vidrio Rigolleau, con más de un siglo de historia en Berazategui, atraviesa una de las peores crisis de su historia. Según los datos presentados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), en el primer ejercicio del año la empresa registró una pérdida de $1.084 millones, en contraste con una ganancia superior a los $640 millones en el mismo período del año anterior. A esto se suma una caída del 30 % en las ventas, que alcanzaron apenas los $23.755 millones.
El desplome de sus números financieros no puede leerse como un hecho aislado. Se trata de una consecuencia directa del rumbo económico trazado por el gobierno nacional: una combinación explosiva de recesión, apertura indiscriminada de importaciones y falta de estímulos para la industria nacional.
Rigolleau lo explica con claridad en su presentación oficial: la baja en la demanda del mercado interno y la entrada de productos importados han golpeado de lleno la actividad de la planta. Con una fuerte caída en la producción de envases y artículos para el hogar, el panorama se agrava aún más por la incapacidad de trasladar los aumentos de costos al precio final, en un contexto de consumo paralizado.
Además, la presión financiera se vuelve insostenible. Tasas de interés altísimas, inflación persistente y falta de crédito productivo hacen que mantener en pie una industria como la del vidrio –intensiva en energía, maquinaria y trabajo humano– sea cada vez más difícil.
La política económica impulsada por Javier Milei parece tener un mensaje claro: liberar el mercado a toda costa, sin importar las consecuencias para la producción nacional. La eliminación de controles, la apertura comercial sin límites y el ajuste fiscal se traducen, en la práctica, en pérdida de empleo, destrucción del aparato productivo y retroceso industrial.
En este modelo, las pymes y las industrias locales quedan en clara desventaja frente a productos importados que ingresan sin aranceles ni regulación, muchas veces subsidiados en sus países de origen. Lo que se presenta como “libertad de mercado” es, en realidad, una sentencia de muerte para cientos de empresas que no pueden competir en condiciones desiguales.
El caso de Rigolleau es un llamado de atención. Sin una política que defienda la producción nacional, estimule el consumo interno y regule el comercio exterior con inteligencia, Argentina seguirá perdiendo capacidad productiva. El camino actual no solo no genera inversión real: destruye lo construido.
La pregunta que queda flotando es incómoda pero necesaria: ¿Cuántas fábricas más deben caer para que el gobierno revise su modelo económico?
