Las Comisiones Episcopales de Pastoral Social, Pastoral Carcelaria y Cáritas Argentina difundieron una carta abierta dirigida a legisladores nacionales en la que expresan una fuerte preocupación por el Proyecto del Nuevo Régimen Penal Juvenil que se debate en el Congreso. Bajo el lema “Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza”, el documento reclama un debate serio, basado en evidencia y alejado del oportunismo político.
La misiva, fechada el 8 de febrero de 2026, se inscribe en continuidad con el documento “Más oportunidades que penas”, publicado en marzo de 2025 por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, y cuestiona que los aportes de numerosas organizaciones especializadas no se vean reflejados en el proyecto de ley actualmente en discusión.
Un consenso amplio que no está siendo escuchado
Las comisiones firmantes sostienen que su posición no es aislada, sino que coincide con la de instituciones de reconocido prestigio nacional e internacional, entre ellas UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Federación de Psicólogos de la República Argentina, la Defensoría General de la Nación, asociaciones de magistrados y defensores del pueblo, y organismos especializados en niñez y adolescencia.
Desde la experiencia territorial —parroquias, escuelas, centros barriales, Hogares de Cristo y espacios comunitarios—, advierten que el debate público se está dando en un clima marcado por el uso del dolor social con fines mediáticos, lo que dificulta una discusión profunda sobre las causas estructurales de la violencia y la exclusión.
“Creemos que es un error abordar el delito desde propuestas simplificadoras que sólo sirven para validar posiciones políticas ya tomadas”, señalan, y alertan sobre el intento de imponer una respuesta apresurada, sin diálogo genuino ni condiciones reales de implementación.
Falta de condiciones para una reforma penal juvenil
Uno de los ejes centrales de la carta es la ausencia de condiciones materiales e institucionales para aplicar un nuevo régimen penal juvenil. Las organizaciones se preguntan si el Estado está en condiciones de garantizar tratamiento psicológico, continuidad educativa, capacitación laboral, acceso a la salud, dispositivos de abordaje de consumos problemáticos y personal especializado para adolescentes en conflicto con la ley.
En ese sentido, advierten que la desfinanciación de políticas sociales impacta de manera directa en los sectores más vulnerables, justamente aquellos sobre los que recaería con mayor dureza una reforma punitiva.
Evidencia científica y datos estadísticos
El documento cuestiona uno de los argumentos más repetidos en el debate público: la idea de que reducir la edad de imputabilidad disminuiría el delito. Según la carta, la evidencia regional muestra exactamente lo contrario.
Citan datos comparativos de América Latina: los países con edad mínima de imputabilidad más baja presentan las tasas de homicidio más elevadas, como Ecuador (45,1 cada 100.000 habitantes), Honduras (31,1) y Brasil (23,1). En contraste, Argentina, con una edad mínima de 16 años, registra una tasa de 3,8 homicidios, ubicándose entre los países menos violentos de la región.
Además, remarcan que la participación de adolescentes de entre 12 y 17 años en procesos penales es extremadamente baja: apenas el 0,42 %, y que cerca del 80 % de los delitos cometidos por este grupo etario son contra la propiedad, mientras que los delitos graves, como los homicidios, son excepcionales.
Desarrollo adolescente y derechos humanos
Otro punto central del documento es el respaldo científico sobre el desarrollo neurológico adolescente. La carta recuerda que el cerebro aún está en formación, especialmente en áreas vinculadas al control de impulsos y la evaluación de riesgos, lo que cuestiona la idea de equiparar “delito de adulto” con “pena de adulto”.
Desde esta perspectiva, proponen que los conflictos protagonizados por menores de 16 años sean abordados por los Juzgados de Familia y el Sistema de Protección de Derechos, y no por el sistema penal, priorizando medidas socioeducativas y de restitución de derechos.
Para adolescentes mayores de 16 años que cometan delitos graves, impulsan la Justicia Restaurativa, una modalidad que, según indican, ha demostrado reducir la reincidencia a niveles cercanos al 0 %, al involucrar a víctimas, victimarios, jueces y organizaciones comunitarias en procesos de reparación y transformación social.
Cuestionamientos constitucionales
La carta también advierte que el proyecto presenta serios cuestionamientos de constitucionalidad, al contradecir la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Según el documento, la iniciativa permitiría intervenciones penales y privaciones de libertad indebidas, habilitaría internaciones indefinidas y no garantizaría un sistema de justicia penal juvenil verdaderamente especializado, incluso permitiendo el alojamiento de adolescentes en cárceles o dependencias policiales.
“Los adolescentes no son una amenaza”
En el tramo final, las organizaciones eclesiales rechazan la construcción de los jóvenes como sujetos peligrosos y advierten que los verdaderos factores de inseguridad —narcotráfico, tráfico de armas, pobreza estructural— continúan actuando con altos niveles de impunidad.
Citan palabras del papa Francisco, quien sostuvo que los Estados deben abstenerse de castigar penalmente a niños que aún no han completado su desarrollo y, en cambio, garantizar políticas de inclusión y cuidado integral.
Un llamado a “hacer lo correcto”
Como conclusión, la carta plantea que el debate no debe reducirse al falso dilema entre castigar o no hacer nada. “Lo que se impone es hacer lo correcto”, afirman, y sostienen que bajar la edad de imputabilidad no resuelve el problema, sino que lo profundiza, reclamando un enfoque integral centrado en la prevención, la inclusión y la reparación del daño social.




