El bloque opositor presentó un proyecto que fija la punibilidad a partir de los 16 años, limita las penas máximas a 10 años y prohíbe la prisión perpetua para menores. «La privación de la libertad debe ser el último recurso», sostienen.
En el marco del debate por la reforma del sistema penal juvenil en Argentina, el dictamen de las comisiones impulsado por el bloque de Unión por la Patria (UxP) marca una postura clara: la creación de un Régimen Penal Adolescente que se aleje del sistema punitivo de adultos y se centre en la «responsabilización» y la «reincorporación social».
A diferencia de otras propuestas que buscan bajar la edad de imputabilidad, este proyecto establece que las personas menores de 16 años son no punibles. Asimismo, define que los adolescentes de 16 y 17 años solo serán punibles por delitos de acción pública cuya pena mínima sea superior a los tres años.
Los puntos clave del dictamen de UxP:
- Prohibición de la Prisión Perpetua: El texto prohíbe taxativamente la pena de prisión perpetua para cualquier menor de edad.
- Tope a las Condenas: Las penas de prisión para adolescentes de 16 o 17 años no podrán superar los 10 años, incluso en casos que para adultos prevean perpetua.
- Escala Penal Reducida: Se propone una escala especial donde se suprime el mínimo legal y se reduce el máximo de la pena a un tercio.
- Privación de Libertad como Excepción: Siguiendo la Convención sobre los Derechos del Niño, el proyecto estipula que la cárcel debe ser el «último recurso» y por el «período más breve posible».
- Fuero Especializado: Ante un mismo hecho cometido por un menor y un adulto, la investigación deberá realizarla siempre el fuero de menores, sin excepciones.
Medidas alternativas y justicia restaurativa
El dictamen hace hincapié en que el Estado debe garantizar los elementos para una efectiva reinserción. Para ello, propone una serie de medidas alternativas a la prisión, tales como:
- Reparación directa a la víctima.
- Prestación de servicios a la comunidad.
- Libertad vigilada con acompañamiento profesional.
- Dispositivos de formación profesional o empleo protegido.
Protección de la identidad
Un punto destacado del proyecto es la incorporación de un artículo al Código Penal que reprime con prisión de 6 meses a 6 años a quien difunda la identidad, apodos o imágenes de menores imputados en medios periodísticos o plataformas digitales. El objetivo es evitar la estigmatización y proteger los datos sensibles del joven.
El rol del equipo interdisciplinario
Desde el inicio del proceso, se exige la intervención de un equipo interdisciplinario especializado. Este equipo tendrá la tarea de asesorar al magistrado y diseñar planes individuales de formación educativa y acompañamiento familiar, con revisiones judiciales obligatorias cada seis meses para evaluar el progreso del adolescente.
Con este dictamen, el bloque opositor busca consolidar un sistema que priorice el Interés Superior del Niño y la seguridad pública a través de la educación y la prevención, rechazando la asimilación de los jóvenes al sistema carcelario de adultos.
