El Proyecto de Ley de Modernización Laboral que impulsa el Poder Ejecutivo promete reducir costos para los empleadores y fomentar el empleo formal. Sin embargo, un informe técnico elaborado por AEFIP (Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos) —el sindicato que nuclea a los trabajadores de ARCA, ex AFIP— advierte que las medidas implican una fuerte pérdida de recursos para la seguridad social, el sistema previsional y las provincias.
El documento, titulado “Análisis del impacto fiscal sobre el Proyecto de Ley de Modernización Laboral” (Informe completo), examina en detalle las modificaciones impositivas y previsionales incluidas en la iniciativa oficial y sus efectos sobre la recaudación nacional y coparticipable.
El núcleo del proyecto está centrado en una rebaja generalizada de las contribuciones patronales. A partir de la modificación del artículo 19 de la Ley 27.541, las alícuotas bajarían del 20,40% al 17,40% para los sectores de servicios y comercio, y del 18% al 15% para el resto de los empleadores privados. Si bien el beneficio apunta a reducir el costo laboral, la contracara es una caída directa en la recaudación que financia al SIPA, el PAMI, el Fondo Nacional de Empleo y el sistema de asignaciones familiares.
A esta reducción se suma la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con un aporte obligatorio del 3% de la masa salarial. Aunque el Gobierno sostiene que el esquema es “neutro” para el empleador, el informe de AEFIP señala que el traslado de esos recursos a cuentas privadas implica otra merma significativa para el sistema previsional público, al detraer fondos que antes iban directamente al SIPA.
El impacto fiscal no se limita a la seguridad social. El proyecto también reduce en tres puntos porcentuales las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades en los tramos superiores y elimina casi por completo el Impuesto Cedular que grava rentas financieras de personas humanas. A esto se agrega la derogación parcial de Impuestos Internos en rubros como seguros, telefonía, bienes suntuarios, vehículos y aeronaves, además de la eliminación total de los impuestos a los videogramas y a las entradas de cine.
Grafico: Costo en Coparticipación
Según el análisis, estas decisiones erosionan de manera significativa la masa de recursos coparticipables. Se estima que más de 3,1 billones de pesos dejarían de distribuirse entre las provincias, lo que impactará de forma directa en sus finanzas.
Otro punto crítico es la reducción de un punto en el aporte patronal destinado a las obras sociales. Aunque la medida no modifica la recaudación total, el informe advierte que tendrá un “impacto enorme” en el financiamiento del sistema de salud de los trabajadores, tanto en obras sociales sindicales como en prepagas.
En conjunto, el estudio elaborado por AEFIP concluye que la reforma traslada recursos desde el Estado nacional y las provincias hacia el sector privado, con la expectativa de que la baja de impuestos y contribuciones genere más empleo. El interrogante que queda abierto es si ese efecto dinamizador alcanzará para compensar la pérdida de financiamiento de la seguridad social y los servicios públicos, o si el costo fiscal terminará profundizando los desequilibrios estructurales del sistema.
