Pese a no haber logrado imponer todos los cambios que pretendía en el Congreso, el presidente Javier Milei confirmó que no vetará el Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, lejos de aceptar el texto tal como fue sancionado, adelantó que el Ejecutivo avanzará con una reconfiguración interna de las partidas, una decisión que vuelve a poner en debate el verdadero alcance del control parlamentario sobre el gasto público.
El mandatario sostuvo que el equilibrio fiscal será garantizado “como sea”, incluso si el proyecto aprobado no refleja plenamente las prioridades del Gobierno. En ese sentido, dejó en claro que el Presupuesto funcionará más como una guía flexible que como una ley rígida, ya que el Ejecutivo se reserva la facultad de modificar asignaciones para cumplir con la consigna del déficit cero.
La afirmación expone una tensión central: mientras el Congreso debatió y votó un esquema de gastos, el Presidente anticipa que esos números podrán ser alterados posteriormente mediante decisiones administrativas. La postura refuerza las críticas de sectores de la oposición, que advierten sobre una desnaturalización del rol del Parlamento y una concentración de poder en el Ejecutivo.
El texto aprobado excluyó artículos clave impulsados por el oficialismo, entre ellos aquellos destinados a eliminar normas que, según el Gobierno, habilitan un mayor nivel de gasto. Aun así, Milei relativizó el revés legislativo y aseguró que encontrará mecanismos para compensar esas omisiones, sin explicar con precisión qué áreas serán las más afectadas por los ajustes.
Además, el Presidente reiteró que no recurrirá a aumentos de impuestos para cerrar las cuentas, lo que deja como principal variable de ajuste al gasto público. En ese marco, crece la incertidumbre sobre el impacto que la “readecuación” presupuestaria tendrá en áreas sensibles como obra pública, programas sociales y servicios del Estado.
La decisión de no vetar la ley, combinada con la promesa de modificarla en los hechos, abre interrogantes sobre la previsibilidad económica y la transparencia institucional. Mientras el Gobierno celebra el equilibrio fiscal como bandera política, el debate de fondo sigue siendo quién define el Presupuesto y con qué límites, en un contexto de fuerte ajuste y tensiones entre poderes.
