La orden judicial de realizar una consulta pública por el impacto ambiental del barrio privado Puerto Nizuc, en la ribera de Hudson, desató fuertes cuestionamientos de organizaciones ambientales y vecinos de Berazategui. La principal crítica apunta a que la convocatoria llega cuando las obras ya estarían avanzadas y el daño ambiental, según denuncian, ya estaría consumado.
Desde el Foro en Defensa del Río de la Plata calificaron la consulta como una “farsa”, al sostener que ya se produjeron afectaciones sobre humedales y bosques ribereños. Además, denunciaron que el Municipio habilitó apenas 15 días para analizar más de 3.200 fojas técnicas, un plazo considerado insuficiente para garantizar una participación ciudadana real. Las organizaciones advierten que el procedimiento no cumpliría con los estándares del Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información ambiental y la participación pública efectiva.
Pese a las irregularidades señaladas, el Foro convocó a la comunidad a participar de la consulta antes del 26 de diciembre con el objetivo de dejar constancia del rechazo social al proyecto y exigir la protección definitiva de la ribera, en un contexto donde la medida cautelar judicial mantiene frenado el avance del emprendimiento.
Una de las voces críticas surge desde los propios vecinos históricos de Hudson. Romina, vecina del barrio que vive allí desde antes de que la autopista y los servicios públicos llegaran a la zona, expresó su preocupación por el avance de las obras y las consecuencias que, asegura, ya comienzan a sentirse. “Tenemos miedo de inundarnos en el futuro. Nadie nos garantiza cómo va a circular el agua cuando sigan rellenando humedales”, advirtió. También señaló la incertidumbre sobre la convivencia social: “No sabemos con quiénes vamos a convivir ni bajo qué reglas. Se está destruyendo la identidad de Hudson”.
Romina denunció además la deforestación de amplias zonas ribereñas, la falta de respuestas municipales frente a una infraestructura que considera desbordada y el deterioro de los servicios públicos. “El sistema de agua, cloacas y recolección no da abasto. Todo se vuelve más lento e ineficiente”, afirmó. En ese sentido, alertó sobre el impacto ambiental directo de los barrios cerrados: “Hemos encontrado caños de desagüe que salen del country y desembocan en arroyos que terminan en la costa del río. Eso es gravísimo”. Según sostuvo, los reclamos ante el Municipio de Berazategui no obtuvieron respuestas concretas. “No nos sentimos escuchados”, concluyó.
Desde el plano económico, Hugo P., vecino del barrio Pueblo Nuevo y dueño de un maxi kiosco, describió una realidad atravesada por fuertes contrastes sociales. El comerciante aseguró que la mayor parte de sus ventas y del movimiento comercial en la zona depende casi exclusivamente del consumo de quienes circulan hacia los barrios privados. “Los autos que paran de paso, que van o vienen de los countrys, cada vez piden más ofertas, más variedad, más productos”, explicó.
En contraposición, relató una situación mucho más cruda con los vecinos del barrio: “La gente de acá muchas veces me pide fiado. Hay familias que no llegan a fin de mes”. Para Hugo, esa convivencia entre consumo abundante y carencias profundas resume la violencia social que atraviesa la zona. “Mientras algunos gastan sin mirar precios, otros no pueden pagar lo básico. Ese contraste es lo más fuerte que se vive hoy en Hudson”, señaló.
Desde otro lugar del conflicto habló Mercedes, una mujer de la Ciudad de Buenos Aires que invirtió en Puerto Nizuc y representa el perfil de los nuevos habitantes que llegan al distrito. Según relató, siempre se manejó dentro de los corredores de barrios privados de la zona norte, donde vivió gran parte de su vida. En CABA, ella y su esposo desarrollaron sus carreras profesionales, mientras que él consolidó distintos negocios en Berazategui y la región.
Hace dos años, su marido la convenció de mudarse a Puerto Nizuc, donde realizaron la inversión para lo que proyectan como su nuevo hogar. “Yo tenía miedo porque no conocía la zona sur y por temas de inseguridad”, admitió. Sin embargo, aceptó la propuesta cuando sus hijos ya no vivían con ellos y la cercanía a los negocios de su esposo se volvió un factor decisivo. “Para él es mucho más práctico estar acá, todo lo tiene cerca”, explicó.
Mercedes sostuvo que su decisión no fue improvisada, sino parte de un proyecto de vida planificado. “Buscamos comodidad, tranquilidad y un entorno cuidado”, afirmó, aunque reconoció que nunca imaginó que el emprendimiento estaría atravesado por un conflicto ambiental y social de esta magnitud.
El caso vuelve a poner en debate el modelo de desarrollo inmobiliario en la costa de Berazategui, en una zona ambientalmente sensible y atravesada por profundas desigualdades. Mientras organizaciones ambientalistas y vecinos denuncian un daño irreversible y reclaman participación real, otros sectores económicos y nuevos residentes ven en estos emprendimientos una oportunidad de crecimiento, aun cuando ese avance tensiona el territorio y fragmenta a la comunidad.
La pregunta de fondo sigue abierta:
¿consulta pública genuina o un trámite tardío frente a un daño ambiental que ya no tiene vuelta atrás?
