En el marco de su despedida como ministra de Seguridad, Patricia Bullrich dio a conocer los principales lineamientos del proyecto de reforma del Código Penal que el Gobierno enviará al Congreso durante las sesiones extraordinarias. La iniciativa apunta a actualizar una normativa vigente desde hace casi cien años y adaptarla a las problemáticas actuales vinculadas a la criminalidad, la corrupción y la violencia.
Endurecimiento de penas
El proyecto propone elevar las sanciones para los delitos considerados más graves, entre ellos homicidios, robos agravados, narcotráfico, delitos sexuales, producción y distribución de material de abuso infantil, y trata de personas.
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de la prescripción para crímenes severos como homicidios agravados y abusos sexuales, lo que permitirá que puedan ser juzgados sin límite de tiempo.
También se prevé incrementar los mínimos de pena para evitar condenas menores a tres años que no se cumplen de manera efectiva. En el caso de la prisión perpetua, la reforma elimina el tope máximo de cumplimiento, lo que implica que quienes reciban esa condena permanecerán encarcelados de por vida.
Alcance y fundamentos de la reforma
Desde el Gobierno señalaron que la modificación del Código Penal busca garantizar que la mayor parte de las condenas se cumplan efectivamente. Según sus estimaciones, con esta reforma el 82 por ciento de los delitos con sentencia tendría ejecución real.
Bullrich remarcó que los delitos de corrupción también serán objeto de sanciones más estrictas. Funcionarios que cometan malversación, fraude o delitos vinculados a la administración del Estado enfrentarán penas más severas debido a la responsabilidad de su cargo.
La iniciativa forma parte de un paquete de transformaciones más amplio que incluye la implementación del sistema acusatorio y debates sobre la edad de imputabilidad.
Próximos pasos
El proyecto ya fue remitido al Congreso, donde el oficialismo espera que sea tratado durante las sesiones extraordinarias. Según el Gobierno, la reforma responde a una demanda social de mayor firmeza frente al delito y de un sistema judicial más eficiente.
La actualización del Código Penal se presenta como una de las reformas estructurales más importantes de los últimos años, con cambios que impactarán en la forma de juzgar, condenar y hacer cumplir las penas en la Argentina.
