El Ministerio de Capital Humano salió al cruce del paro nacional docente convocado por CTERA para el próximo lunes 3 de agosto y advirtió que el gremio deberá garantizar una cobertura mínima del servicio educativo, bajo apercibimiento de sanciones legales.
El anuncio del paro
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) confirmó un paro nacional docente de 24 horas para el lunes 3 de agosto. La medida responde a la denuncia de un «ajuste en la educación que impulsa el gobierno nacional», según comunicó el sindicato. Entre los principales reclamos figuran la convocatoria urgente a la paritaria, un aumento salarial, la restitución y el pago inmediato del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una nueva ley de financiamiento educativo. Además, la entidad rechaza una posible reforma jubilatoria y el proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el Gobierno, y exige mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas y conectividad.
La respuesta oficial
Horas después del anuncio, el Ministerio de Capital Humano —a cargo de Sandra Pettovello, a través de las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social— difundió un comunicado en el que fijó posición frente a la medida de fuerza.
La cartera nacional recordó que se encuentra plenamente vigente la Ley N.° 27.802 de Modernización Laboral, que establece a la educación como «servicio esencial». En ese marco, precisó que el artículo 101 de la norma dispone la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio durante las medidas de acción directa.
Según el Gobierno, esa disposición busca proteger la educación como un derecho esencial para los estudiantes, y asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos en la ley, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los alumnos de todos los niveles.
El comunicado no se limitó a recordar la normativa: también dejó planteada la posibilidad de sanciones. «El incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables», advirtió el Ministerio.
El otro frente gremial
El paro de CTERA no será la única expresión de malestar docente ese día. En paralelo, los gremios educativos nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) iniciarán ese mismo lunes un plan de lucha que no incluirá huelgas, sino medidas como trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa para los alumnos y una movilización.
El marco legal en discusión
La Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada como parte de la reforma laboral aprobada por el Congreso, es el instrumento que el Gobierno invoca para exigir la cobertura mínima durante los paros docentes. Al incorporar a la educación dentro del listado de servicios esenciales, la norma habilita al Estado a fijar porcentajes obligatorios de prestación durante las medidas de fuerza y a aplicar sanciones a los gremios que no los cumplan, en un esquema similar al que rige para otros servicios esenciales como la salud o el transporte.
Con el paro fijado para el lunes, resta ver si CTERA garantizará el porcentaje exigido por el Gobierno o si el conflicto escala hacia una disputa judicial por la aplicación de la norma.
