El centro socioeducativo de privación de la libertad de Lomas de Zamora (ex CREU), que depende del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la Justicia advirtiera que los adolescentes alojados allí son sometidos a condiciones que configuran un trato cruel, inhumano y degradante.
La resolución judicial
La medida lleva la firma de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, fechada el 29 de junio de 2026. La magistrada intimó al director del establecimiento, Marcelo Pombo, y a la cúpula del OPNyA —la directora ejecutiva Andrea Cáceres y el subsecretario José Luis Zerillo— a corregir en un plazo de 48 horas, sin posibilidad de prórroga, una serie de graves falencias detectadas en el instituto.
Según la cobertura de Realpolitik, la intervención de la jueza llegó después de sucesivas denuncias e inspecciones previas que no habían logrado modificar las condiciones ya observadas en oportunidades anteriores. Fuentes cercanas al organismo señalaron que la magistrada buscaría poner fin a una situación considerada insostenible, sin descartar medidas más severas —incluida una eventual clausura— si persisten los incumplimientos, aunque esa posibilidad no figura de forma expresa en el fallo.
Prohibición de nuevos ingresos y posible delito
Uno de los puntos más duros de la resolución fue la reiteración de la prohibición de alojar nuevos adolescentes en el centro. La jueza ordenó reubicar con urgencia a quienes hubieran ingresado pese a esa prohibición previa y dio intervención inmediata al Ministerio Público Fiscal para investigar un eventual incumplimiento de una orden judicial, al advertir que podrían configurarse delitos de acción pública.
Hambre, frío y abandono sanitario
El fallo describe un panorama alarmante puertas adentro del establecimiento. Entre las medidas dispuestas, la jueza exigió garantizar raciones de comida suficientes, reparar vidrios rotos y desperfectos edilicios que dejan entrar el frío, calefaccionar correctamente todos los sectores y proveer colchones y ropa de cama adecuados para todos los jóvenes. También ordenó resolver los problemas de agua caliente y potable, asegurar condiciones dignas de higiene, y dotar al centro de médicos, psicólogos y psiquiatras suficientes para la atención física y mental de los adolescentes.
La resolución fue notificada al Tribunal de Casación bonaerense, al Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), a la Defensoría Penal Juvenil, a la Fiscalía Penal Juvenil y al fiscal general departamental.
No es la primera advertencia sobre este centro
El caso no es nuevo. Según pudo relevarse, la misma jueza Pascual ya había intervenido en agosto de 2024 tras una denuncia de la CPM que detectó que los jóvenes del centro pasaban más de 20 horas diarias encerrados en sus celdas, sin acceso a luz solar y sin actividades educativas o recreativas; en esa oportunidad se les había otorgado diez días a las autoridades para corregir la situación. El establecimiento integra, además, la red de institutos penales juveniles bonaerenses que en los últimos años acumuló denuncias por parte de la CPM en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
Una conducción bajo presión
La resolución expone también al director del establecimiento, Marcelo Pombo, quien había intentado presentar a Lomas de Zamora como uno de los dispositivos mejor administrados del sistema y ahora enfrenta un fallo que describe un cuadro de extrema gravedad. Según fuentes del organismo citadas por Realpolitik, la acumulación de cuestionamientos debilitó su posición.
En paralelo, el director provincial de Institutos Penales, Claudio Otero —señalado por trabajadores y fuentes internas como una de las gestiones más conflictivas de los últimos años—, continúa formalmente al frente del área aunque distintos sectores del organismo dan por probable su salida, sin que trascendieran hasta el momento confirmaciones oficiales.
El organismo, encabezado por Cáceres y dependiente políticamente del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés «Cuervo» Larroque, enfrenta así un nuevo episodio crítico en medio de cuestionamientos sostenidos al sistema de responsabilidad penal juvenil bonaerense.
