Un nuevo capítulo polémico sacude a la Patagonia argentina: el Gobierno nacional avanzó en un acuerdo con el magnate británico Joe Lewis que pone fin a la causa judicial que investigaba la compra de miles de hectáreas en una zona estratégica de frontera. La decisión, que ya fue homologada judicialmente, genera fuertes cuestionamientos políticos y reaviva el debate sobre el control extranjero de tierras en el sur del país.
El entendimiento se firmó entre la administración de Javier Milei y la firma Hidden Lake S.A., propiedad de Lewis, con el objetivo de cerrar la llamada “acción de lesividad” iniciada en 2023. Esa demanda buscaba anular la compra de aproximadamente 12.000 hectáreas en Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, por presuntas irregularidades en la operación.
Sin embargo, el acuerdo dejó sin efecto ese proceso judicial antes de que se resolviera el fondo del caso. La homologación se realizó en plena feria judicial, lo que también despertó críticas por la celeridad y el hermetismo del trámite.
Una causa con sospechas de fraude
La investigación original sostenía que la compra de esas tierras —realizada en los años 90— habría sido concretada mediante mecanismos irregulares, incluyendo el uso de sociedades para esquivar restricciones legales sobre la adquisición de tierras en zonas de seguridad de frontera.
Distintos dictámenes oficiales incluso habían señalado que la operación podría haber sido fraudulenta, lo que motivó la acción judicial impulsada por el propio Estado argentino.
Lago Escondido, un conflicto que sigue
El caso de Lago Escondido no solo involucra la propiedad de la tierra, sino también el acceso público al lago, un reclamo histórico de organizaciones sociales y sectores políticos. Actualmente, existen disputas judiciales en curso sobre la libre circulación hacia ese espejo de agua, considerado de dominio público.
En paralelo, el lugar ya había sido escenario de escándalos previos vinculados a viajes de jueces, empresarios y funcionarios, lo que profundizó las sospechas sobre vínculos entre poder económico y político en la región.
Críticas y clima de polémica
Mientras desde el oficialismo sostienen que el acuerdo busca cerrar un litigio heredado y evitar mayores costos judiciales, sectores opositores y medios críticos lo califican como una concesión al empresario británico. Incluso denuncian falta de transparencia en el proceso y cuestionan que el expediente haya dejado de ser público.
El conflicto por Lago Escondido vuelve así al centro de la escena, con una pregunta de fondo que sigue sin respuesta clara: ¿quién controla realmente uno de los territorios más sensibles de la Patagonia argentina?
