El Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata fijó para el 23 de abril de 2026 el inicio del juicio oral y público en el que será juzgado Emilio Jorge Parodi, ex jefe de personal de Molinos Río de la Plata, acusado de colaborar con el terrorismo de Estado en la desaparición forzada de trabajadores durante la última dictadura.
A casi 50 años de los crímenes cometidos contra obreros de la planta de Avellaneda, la Justicia federal comenzará a juzgar la responsabilidad empresarial de Molinos Río de la Plata en delitos de lesa humanidad ocurridos en el marco del régimen cívico-militar instaurado en 1976.
El único imputado en el debate será Emilio Jorge Parodi, quien entre 1975 y 1979 se desempeñó como jefe de personal y ocupó cargos directivos dentro de la empresa, entonces controlada por el grupo Bunge y Born. Parodi se encuentra detenido desde julio de 2023 y llega al juicio acusado como partícipe necesario del delito de privación ilegal de la libertad agravada, calificado como crimen de lesa humanidad.
La acusación se centra en los hechos ocurridos el 7 de julio de 1976, cuando durante un operativo del Ejército fueron secuestrados tres trabajadores de Molinos al ingresar o retirarse de su jornada laboral: Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino. Según surge de la investigación judicial, Parodi habría utilizado su rol jerárquico dentro de la empresa para identificar y señalar a empleados perseguidos por su actividad sindical.
Testimonios de sobrevivientes y familiares sostienen que el ex jefe de personal confeccionaba listados de trabajadores considerados “conflictivos” y presionaba para forzar renuncias, en coordinación con los operativos represivos desplegados dentro y fuera de la planta.
Si bien el juicio abordará formalmente estos tres casos, la causa permitió reconstruir un escenario de represión sistemática dentro de la empresa. Entre 1976 y 1978, al menos 26 trabajadores, trabajadoras y delegados sindicales de Molinos fueron detenidos-desaparecidos o asesinados como parte del mismo entramado represivo.
Durante el debate oral se incorporará una amplia prueba documental, que incluye archivos de inteligencia, legajos laborales, actas del directorio, balances contables y documentación de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), donde se registraban seguimientos y fichas sobre trabajadores por su militancia gremial o política.
En el proceso intervienen organismos de derechos humanos, familiares de las víctimas y sindicatos del sector aceitero. La Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón celebró la fijación de la fecha de juicio como un avance hacia la justicia, aunque reiteró el reclamo para que se investigue a otros jefes y personal jerárquico de la planta de Avellaneda que quedaron fuera del banquillo.
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, querellante en la causa, destacaron que el juicio se desarrolla en un contexto histórico clave, al cumplirse cinco décadas del golpe de Estado. En ese sentido, remarcaron la necesidad de profundizar las investigaciones sobre la complicidad empresarial en el terrorismo de Estado y el disciplinamiento de la clase trabajadora.
El proceso vuelve a poner en agenda el rol de sectores civiles y empresariales en los crímenes de la dictadura y refuerza el reclamo histórico de Memoria, Verdad y Justicia.
