La decisión del Gobierno de suspender temporalmente las retenciones al campo tuvo un impacto directo en las cuentas públicas: la recaudación tributaria de octubre informada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cayó un 4 % en términos reales, al crecer muy por debajo de la inflación. El alivio fiscal para el sector agroexportador implicó una merma importante de recursos para el Estado, en un contexto en el que la recaudación ya venía debilitada por la caída del consumo y la actividad.
La baja de los derechos de exportación, sumada a la reducción de aranceles de importación y a la eliminación del impuesto PAÍS, recortó ingresos clave. Al mismo tiempo, las exportaciones agrícolas aportaron mucho menos que el año pasado, registrando una caída del 56 % interanual. Así, aunque el monto total de impuestos recaudados aumentó en valores nominales, la inflación superior al 30 % licuó cualquier mejora y dejó un saldo negativo en términos reales.
El problema no es solo coyuntural. La pérdida de ingresos fiscales limita la capacidad del Estado para sostener políticas públicas, pagar jubilaciones o realizar obras. En nombre de incentivar al campo, se genera un agujero en las arcas públicas que agrava el desequilibrio fiscal y pone en riesgo los recursos destinados a los sectores más vulnerables.
La apuesta por descomprimir la presión impositiva sobre el agro puede tener un efecto político inmediato, pero a mediano plazo implica un costo alto para el conjunto de la sociedad. Si el Estado recauda menos, el ajuste termina llegando por otro lado: menos inversión, menos servicios y más desigualdad.
