El Gobierno de la provincia de Buenos Aires denunciará penalmente al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a otros funcionarios nacionales por la presunta falta de ejecución de los recursos destinados a obras hidráulicas y a la prevención de inundaciones. El anuncio fue realizado este lunes por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis.
La presentación judicial apunta al manejo del Fondo Hídrico de Infraestructura, que se financia con una parte de la recaudación del impuesto a los combustibles y cuyos recursos deben destinarse a obras para reducir el riesgo de inundaciones y recuperar tierras productivas.
Desde la administración bonaerense cuestionan que esos fondos no se traduzcan en las intervenciones previstas y reclaman que se investigue si existieron irregularidades en su administración.
Casi $340.000 millones sin destinar a obras
Según los datos expuestos por el Gobierno provincial, al cierre del primer trimestre de 2026 el Fondo Hídrico acumulaba cerca de $340.000 millones que no se habrían destinado a la ejecución de obras.
Durante la presentación, Katopodis criticó el destino de los recursos y cuestionó que, mientras se recauda dinero para financiar infraestructura, continúen pendientes trabajos fundamentales para prevenir inundaciones.
El funcionario sintetizó su reclamo con una frase dirigida al Gobierno nacional: “Obras hídricas no, timba financiera sí”.
La denuncia buscará que la Justicia determine si hubo incumplimientos de los deberes de funcionario público, malversación de fondos u otras conductas que pudieran constituir delitos. La existencia de responsabilidades penales deberá establecerse a partir de la investigación judicial.
La preocupación por las inundaciones en el conurbano
La falta de obras hidráulicas genera preocupación en distintos puntos de la provincia, especialmente ante la posibilidad de lluvias intensas vinculadas al fenómeno climático de El Niño.
Entre los proyectos reclamados se encuentran intervenciones en las cuencas de los arroyos San Francisco-Las Piedras, que atraviesan sectores del sur del conurbano bonaerense y cuya infraestructura resulta clave para reducir el riesgo de anegamientos.
Las obras beneficiarían a municipios como Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela, Quilmes y Presidente Perón, entre otros sectores de la región.
También existen proyectos vinculados con la cuenca del río Salado, donde las intervenciones hidráulicas buscan mejorar el escurrimiento del agua y disminuir el impacto de las inundaciones sobre las poblaciones y las actividades productivas.
Créditos internacionales y obras pendientes
Otro de los reclamos de la Provincia está relacionado con las demoras en las autorizaciones nacionales necesarias para avanzar con créditos internacionales destinados a financiar infraestructura.
Katopodis cuestionó las dificultades para obtener avales para proyectos considerados prioritarios y advirtió sobre las consecuencias que la falta de financiamiento puede tener en la ejecución de las obras.
Entre las iniciativas mencionadas se encuentra un crédito de 200 millones de dólares para trabajos de prevención de inundaciones en áreas urbanas, incluidas intervenciones en la cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras.
Para el Gobierno bonaerense, la demora en estos proyectos limita la capacidad de prevenir daños y proteger a los vecinos ante fenómenos climáticos extremos.
Un nuevo conflicto entre la Provincia y la Nación
La denuncia anunciada por Katopodis suma un nuevo capítulo a las diferencias entre la administración bonaerense y el Gobierno nacional por el financiamiento de la obra pública.
Mientras la Provincia reclama que los recursos recaudados para infraestructura hídrica se destinen a los fines previstos, la presentación judicial buscará establecer si hubo irregularidades y determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.
El conflicto vuelve a poner en discusión el destino de los fondos públicos y el impacto que la paralización o demora de obras hidráulicas puede tener en las localidades que necesitan infraestructura para prevenir inundaciones.




