La Cámara Nacional Electoral (CNE) asestó un duro golpe al oficialismo al ordenar que los resultados del escrutinio provisorio de las elecciones legislativas se difundan provincia por provincia como marca la ley y no de manera consolidada a nivel nacional, como pretendía imponer el Gobierno.
La medida, contenida en la Acordada Extraordinaria Nº 138/2025, fue firmada por los jueces Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, y responde a los reclamos del PJ, la UCR y el Frente de Izquierda, que denunciaron que la metodología oficial podía “confundir a la opinión pública” y presentar una “imagen tergiversada del resultado real”, resaltando porcentajes que favorecieran a la libertad avanza en una primera lectura prime time del resultado del domingo 26.
Según la resolución, en los comicios legislativos los cargos se adjudican por distrito y no existe base legal para un conteo nacional unificado. Además, la CNE recordó que el escrutinio provisorio tiene carácter meramente informativo y advirtió que no puede usarse para construir un relato político antes del conteo definitivo.
Con este fallo, la Dirección Nacional Electoral (DINE) —dependiente del Poder Ejecutivo— deberá cambiar por completo el sistema de carga y difusión, publicando los resultados de cada provincia por separado y aclarando expresamente su condición provisional. La Cámara también exigió que el proceso sea neutral, transparente y sin sesgos partidarios.
📉 El fallo complica a La Libertad Avanza, la única fuerza que compite con el mismo sello en los 24 distritos, que bajo el esquema anterior podía presentarse como ganadora nacional aun perdiendo en buena parte del país.
Pero la decisión judicial también desnudó una maniobra más profunda: según denunció la oposición, el formato de conteo diseñado por el oficialismo buscaba beneficiar al propio espacio libertario y, al mismo tiempo, perjudicar a “Fuerza Patria”, que mediante coaliciónes emergentes dentro el espectro peronista crece en provincias claves del norte y del conurbano bonaerense. Al consolidar los votos de todo el país bajo un único rótulo, el Gobierno podía diluir el peso electoral real de las fuerzas provinciales y minimizar su impacto político.
En medio de una creciente pérdida de credibilidad, el fallo aparece como un nuevo revés para el Gobierno que atraviesa su momento más débil, acusado de manipular las reglas de juego para sostener una imagen de fortaleza que las urnas ya no parecen avalar.
