La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió suspender de manera provisoria los efectos de la ordenanza que habilitaba el desarrollo del “Distrito Eco Urbano Berazategui Norte”, en la zona costera del distrito, ante la posible existencia de riesgos ambientales que requieren un análisis más profundo.
La medida fue dictada en el marco de una acción judicial iniciada por vecinos, quienes cuestionaron la validez de la ordenanza municipal N° 6.552/24. El máximo tribunal provincial entendió que, si bien el planteo deberá resolverse en una etapa posterior, existen elementos suficientes para adoptar una decisión preventiva mientras se analiza el fondo del asunto.
En ese sentido, la Corte destacó que en materia ambiental rigen los principios preventivo y precautorio, que obligan a actuar con especial cautela frente a posibles daños, incluso cuando no exista aún certeza absoluta sobre su alcance.
Según surge del expediente , uno de los puntos centrales del conflicto está vinculado al cambio en la zonificación de tierras que anteriormente eran consideradas de reserva ambiental ribereña. La nueva normativa habilitaba distintos usos urbanos, lo que generó cuestionamientos sobre el impacto que podría tener en un ecosistema sensible.
No obstante, el fallo también deja en claro que el proceso recién se encuentra en una etapa inicial y que la discusión de fondo —sobre la constitucionalidad o no de la ordenanza— deberá resolverse más adelante, con mayor producción de prueba.
En relación al accionar del Municipio de Berazategui, la Corte no emitió un juicio definitivo sobre la legalidad de la norma, e incluso reconoció que los gobiernos locales cuentan con facultades para planificar el uso del suelo y promover el desarrollo urbano. Sin embargo, subrayó que esos procesos deben ir acompañados de estudios técnicos adecuados y una evaluación integral del impacto ambiental.
Asimismo, se tuvo en cuenta que el proyecto aún no cuenta con la convalidación final de la Provincia, lo que refuerza el carácter provisorio de cualquier intervención en el área.
Otro aspecto relevante es que el tribunal ordenó centralizar las actuaciones judiciales vinculadas al caso, incluyendo un expediente en trámite en el fuero contencioso administrativo, con el objetivo de evitar decisiones contradictorias y garantizar un control más ordenado de la situación.
Por último, la resolución remarca la importancia del acceso a la justicia en cuestiones ambientales y confirma que este tipo de procesos pueden promoverse de manera preventiva, incluso ante la posibilidad de un daño futuro.
De este modo, la decisión no implica el rechazo del proyecto urbanístico, sino una pausa en su avance hasta tanto se esclarezcan los aspectos ambientales y legales involucrados, en un contexto donde se busca compatibilizar el desarrollo local con la protección del entorno natural.
