La Comisión Especial de la Cámara de Diputados presentó su informe final sobre la criptomoneda $LIBRA, en el que concluye que los hechos analizados serían compatibles con una presunta estafa, según lo definido por el artículo 172 del Código Penal. El documento —al que tuvo acceso este medio— sostiene que el presidente Javier Milei habría tenido una participación “imprescindible” para que la maniobra pudiera concretarse.
Entre los puntos más relevantes del informe, la Comisión detalla que Milei divulgó un número de contrato que no era de acceso público, sin que hasta el momento haya logrado explicar cómo obtuvo esa información. Para los investigadores, este hecho refuerza la hipótesis de que existió un vínculo previo y directo entre el mandatario y los creadores de la criptomoneda.
El informe sostiene que los elementos reunidos respaldan la sospecha de un ardid y engaño. Según el análisis, Milei promocionó públicamente $LIBRA como una oportunidad de inversión, aunque en realidad se trataba de una memecoin diseñada para un “rug pull”, una maniobra financiera en la que los desarrolladores retiran fondos de manera repentina para provocar el derrumbe del activo.
La Comisión reveló el alcance de las pérdidas:
- 114.410 billeteras virtuales resultaron perjudicadas.
- 498 usuarios perdieron más de 100 mil dólares cada uno.
- 3.144 usuarios tuvieron pérdidas de entre 10 mil y 100 mil dólares.
- En contraste, apenas 36 billeteras registraron ganancias superiores al millón de dólares.
El informe también desmiente afirmaciones del Presidente, quien había asegurado que “no más de cinco argentinos” habían operado con $LIBRA. De acuerdo con los datos aportados por la exchange Ripio, solo en esa plataforma participaron 1.329 ciudadanos argentinos.
La Comisión sostiene que el caso $LIBRA no fue un episodio aislado, sino parte de un modus operandi ya observado en otros proyectos cripto presuntamente irregulares, como $KIP, CoinX y Vulcano, todos vinculados a los mismos protagonistas: Javier Milei, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
El informe cita una resolución emitida en octubre de 2025 por la jueza neoyorquina Jennifer Rochon, quien señaló que los fondos obtenidos mediante $LIBRA “podrían” tener como beneficiarios finales a Javier y Karina Milei.
Por la “grave afectación institucional” y la “malversación de la investidura presidencial”, la Comisión concluye que Javier y Karina Milei poseen responsabilidad política respecto de la secuencia de hechos investigados. Y recomienda que el Congreso evalúe si el Presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, una figura constitucional que habilita un proceso de juicio político.
