El presidente del Colegio de Abogados de Quilmes respaldó la decisión de la jueza Pascual, de Lomas de Zamora, y cuestionó con dureza la constitucionalidad y convencionalidad del nuevo régimen penal juvenil. “Esta ley está muy floja de papeles a nivel constitucional”, afirmó.
La suspensión por 60 días del nuevo régimen penal juvenil en la Provincia de Buenos Aires recibió un fuerte respaldo desde el ámbito de la abogacía bonaerense.
Bienvenido Rodríguez Basalo, presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, respaldó la decisión adoptada por la jueza Pascual, de Lomas de Zamora, y sostuvo que la discusión sobre la reforma recién comienza y podría terminar en la Suprema Corte bonaerense y, eventualmente, en la Corte Suprema de la Nación.
En diálogo con “Haro con Hache”, por FM 88.9, Basalo consideró que los argumentos utilizados por la magistrada para disponer la suspensión son sólidos, aunque advirtió que la discusión no pasa solamente por las condiciones de infraestructura necesarias para implementar el nuevo sistema.
“Además de los argumentos de infraestructura muy sólidos que dio la Dra. Pascual, yo quiero hablar de la inconvencionalidad que tiene esta legislación”, afirmó.
En ese sentido, puso el foco en la relación entre la nueva normativa y la Convención sobre los Derechos del Niño, y sostuvo que la reforma presenta serios cuestionamientos desde el punto de vista constitucional.
“Esta ley está muy floja de papeles a nivel constitucional”, lanzó.
Una reforma que, según Basalo, cambia el paradigma
El titular del Colegio de Abogados de Quilmes cuestionó además el carácter que adquiere el nuevo régimen. A su entender, la reforma abandona una lógica tutelar para avanzar hacia un esquema esencialmente represivo.
“El espíritu de esta ley deja de ser tutelar y termina siendo represiva respecto a los menores”, sostuvo.
Y apuntó directamente contra el enfoque político de la reforma:
“Es más fácil excedernos en la punibilidad que solucionar los problemas de fondo que generan la delincuencia juvenil”.
La posición de Basalo tiene además un recorrido institucional en el ámbito específico del Derecho Penal. Fue presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA) y actualmente se desempeña como secretario de Enlace Legislativo de esa entidad y presidente de su Comisión de Derecho Penal y Asuntos Penitenciarios.
Desde esa perspectiva, anticipó que la reforma podría enfrentar numerosos planteos judiciales una vez que comience a aplicarse.
“Desde la defensa pública a cualquier abogado particular, a partir de la imputación de un menor, se va a plantear la inconstitucionalidad”, aseguró.
¿Qué pasa durante los 60 días?
Basalo explicó que la suspensión dispuesta por Pascual no necesariamente significa que todos los tribunales bonaerenses vayan a adoptar la misma postura.
La resolución puede ser recurrida y, mientras tanto, otros jueces podrían considerar que la norma es constitucional y permitir su aplicación en determinados casos.
Ante la consulta sobre si un fiscal podría solicitar la aplicación de la nueva ley en otro juzgado, Basalo respondió: “Un juez puede determinar que es constitucional y el fiscal lo puede solicitar”.
De esta manera, el escenario que se abre es de una fuerte discusión judicial, con posibles decisiones contrapuestas hasta que los órganos superiores establezcan un criterio.
La suspensión de la reforma por 60 días, lejos de cerrar el debate, podría ser el primer capítulo de una disputa jurídica de mayor alcance. Para Basalo, la discusión sobre el nuevo régimen penal juvenil ya está planteada y tendrá su próxima batalla en los tribunales.
