El enfrentamiento mediático-judicial entre la conductora Lizy Tagliani y la periodista Viviana Canosa sumó un capítulo decisivo esta semana, cuando la justicia resolvió suspender la causa penal que había iniciado Canosa por declaraciones en contra de Tagliani.
La disputa comenzó en abril de 2025, luego de que Canosa realizara en televisión severas imputaciones hacia Tagliani —y otras figuras—, vinculadas a trata de personas, prostitución y abusos. Tagliani respondió con una demanda por calumnias e injurias, argumentando que los señalamientos dañaban su honor y su proceso de adopción.
El reciente giro se produce porque Canosa decidió abonar la multa que le aplicó la justicia en el marco del caso, lo que permitió la suspensión del proceso penal en su contra. Según su defensa, esto le evitaría correr el riesgo de un veredicto desfavorable.
Desde el entorno de Tagliani, sin embargo, la reacción fue de insatisfacción: su equipo legal adelantó que presentará un recurso de apelación para que el debate oral se lleve adelante y para que Canosa realice públicamente una retractación de sus expresiones.
La clave del conflicto radica, según los abogados, en que el pago de la multa no implica necesariamente un reconocimiento de los hechos, pero sí detiene el trámite penal. Mientras tanto, Tagliani sostiene que la retractación pública es indispensable para preservar su imagen y restituir su nombre.
Por ahora, el expediente se encuentra en una suerte de limbo: la justicia deberá decidir si admite la apelación de Tagliani y reanuda el juicio, o si acepta la decisión y da por cerrado este episodio.
En el mundo del espectáculo —y fuera de él— el caso sigue generando repercusiones, tanto por los nombres involucrados como por los temas de fondo que atraviesa: desde la responsabilidad mediática hasta los mecanismos legales para la reparación del daño.
