El Gobierno de Javier Milei logró la aprobación del Presupuesto Nacional en el Senado gracias a una alianza parlamentaria que incluyó a sectores del peronismo ligados a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta). El respaldo de esos bloques resultó decisivo para que el oficialismo consiguiera los números necesarios y pudiera avanzar con un esquema de ajuste que impacta de lleno en áreas sensibles como la educación y la ciencia.
La votación expuso una vez más la fragmentación del peronismo en la Cámara alta. Mientras el bloque de Unión por la Patria rechazó mayoritariamente el proyecto, un grupo de senadores que responden a gobernadores provinciales optó por acompañar al Ejecutivo, facilitando la sanción de una ley clave para el plan económico libertario. De ese modo, el Gobierno consiguió no solo la aprobación general del Presupuesto, sino también de los artículos más cuestionados.
Entre los puntos más polémicos se encuentra la eliminación del piso mínimo de inversión educativa, una garantía histórica que establecía un porcentaje del PBI destinado al sistema educativo. La medida fue interpretada por la oposición como un retroceso estructural que deja a la educación pública sujeta a la lógica del ajuste fiscal y a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Lo mismo ocurrió con los cambios en el financiamiento de la ciencia, la tecnología y la educación técnica, sectores que ya vienen acumulando recortes desde el inicio de la gestión.
El detalle de la votación dejó en evidencia quiénes hicieron posible la aprobación. Senadores del oficialismo, aliados circunstanciales de Juntos por el Cambio, representantes de fuerzas provinciales y legisladores peronistas alineados con sus gobernadores votaron a favor del Presupuesto y del capítulo del ajuste. Del otro lado, los votos negativos provinieron principalmente del kirchnerismo y de algunos bloques minoritarios que alertaron sobre el impacto social de la ley.
Durante el debate, las críticas apuntaron a que el Presupuesto consolida un modelo que prioriza el equilibrio fiscal por sobre la inversión en derechos básicos. Legisladores opositores advirtieron que el recorte en educación y ciencia compromete el desarrollo a mediano y largo plazo, profundiza las desigualdades y traslada el costo del ajuste a las provincias y a los sectores más vulnerables.
Con la sanción del Presupuesto, el Gobierno cierra el año con una victoria política en el Congreso, aunque el precio haya sido la profundización de las tensiones dentro del peronismo y la confirmación de un esquema de gobernabilidad sostenido en acuerdos puntuales. Para la oposición, en cambio, la votación deja una señal de alarma: el ajuste avanza con aval legislativo y con la colaboración de dirigentes que, pese a definirse como opositores, terminaron alineándose con la agenda del Ejecutivo.
