El Ejecutivo decidió acelerar a fondo y convocar sesiones extraordinarias para intentar que la reforma laboral —uno de los proyectos más controvertidos de su agenda— quede aprobada antes de que termine el 2025. La jugada, leída por opositores y especialistas como una maniobra para evitar un debate más profundo, busca instalar cambios estructurales en tiempo récord.
El proyecto modifica ejes centrales de la Ley de Contrato de Trabajo. Aunque el Gobierno insiste en que “no toca la indemnización”, introduce ajustes que acotan la intervención judicial y podrían, según abogados laboralistas, facilitar despidos con menor costo para las empresas. La iniciativa también empuja una flexibilización en la organización de la jornada: banco de horas, acuerdos individuales sobre vacaciones y convenios regionales más laxos. Para la Casa Rosada esto “fomenta el empleo”; para los críticos, abre la puerta a una precarización creciente.
Para ordenar el trámite legislativo, el Gobierno ubicó a Patricia Bullrich al frente de la Comisión de Trabajo del Senado, al menos durante la discusión inicial. La decisión fue interpretada por sectores opositores como un gesto de control político más que como un intento genuino de buscar consensos. Desde el oficialismo admiten que los puntos más polémicos —despidos, indemnizaciones y límites a la intervención judicial— ya generan tensiones incluso entre aliados.
Los sindicatos se manifestaron en contra casi de inmediato. Advierten que la reforma recorta derechos históricos bajo el argumento de la “modernización” y que pretende resolver la falta de empleo debilitando el piso de protección laboral. La Casa Rosada, sin embargo, insiste en que la normativa actual es “obsoleta” y que el país necesita adaptarse rápidamente, aún si eso implica votar cambios sensibles en medio de un calendario acelerado.
Con un tratamiento a contrarreloj, una oposición que denuncia “apuro político” y sindicatos listos para resistir en la calle, la reforma laboral se perfila como el conflicto central de este fin de año.
