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El Gobierno obtuvo media sanción en Diputados para bajar la edad de imputabilidad a 14 años y el proyecto pasó al Senado
En una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y posturas enfrentadas, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves el proyecto de ley que reduce la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, como parte de una reforma integral del Régimen Penal Juvenil. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo logró la media sanción y ahora deberá ser tratada por el Senado de la Nación.
El texto fue respaldado por el oficialismo y sectores de la oposición dialoguista, que coincidieron en la necesidad de actualizar una normativa vigente desde principios de la década de 1980. Desde el Gobierno sostienen que el régimen actual resulta “obsoleto” frente a las modalidades delictivas contemporáneas y que la reforma busca dotar al Estado de herramientas más eficaces para intervenir ante delitos graves cometidos por adolescentes.
Qué propone la reforma
El proyecto establece que adolescentes a partir de los 14 años puedan ser penalmente responsables cuando cometan delitos graves, aunque introduce un sistema diferenciado del régimen aplicable a los adultos. Según el articulado aprobado, las penas previstas contemplan límites máximos y un esquema gradual, con prioridad en medidas socioeducativas, tratamientos interdisciplinarios y dispositivos de reinserción social.
Para los delitos más graves —como homicidios, abusos sexuales o robos cometidos con violencia extrema— se prevé la posibilidad de penas de prisión, con un tope inferior al del sistema penal común. Además, la iniciativa incorpora instancias obligatorias de evaluación psicológica, seguimiento judicial especializado y condiciones específicas de detención, diferenciadas de las cárceles de adultos.
Desde el oficialismo remarcaron que la baja de la edad de imputabilidad no implica “criminalizar la adolescencia”, sino establecer responsabilidades claras en situaciones excepcionales. En ese sentido, destacaron que la reforma también contempla alternativas al encierro y refuerza el rol del Estado en la prevención y el acompañamiento de jóvenes en contextos de vulnerabilidad.
Un debate que dividió al recinto
La discusión en el recinto reflejó una fuerte polarización. Quienes apoyaron la iniciativa argumentaron que existen casos en los que el Estado carece hoy de respuestas adecuadas frente a delitos graves cometidos por menores de 16 años, lo que —según sostuvieron— genera impunidad y desprotección para las víctimas.
En contrapartida, los bloques que votaron en contra advirtieron que la baja de la edad de imputabilidad no resolverá los problemas de inseguridad y que el foco debería estar puesto en políticas públicas de inclusión social, educación y fortalecimiento de los sistemas de protección de derechos de niños y adolescentes. También cuestionaron la capacidad real del Estado para garantizar dispositivos de detención adecuados y programas efectivos de reinserción.
Organismos de derechos humanos y especialistas en niñez manifestaron su preocupación por el impacto que la reforma podría tener sobre jóvenes en situación de vulnerabilidad, y alertaron sobre el riesgo de profundizar procesos de exclusión social.
El rol del Gobierno y el escenario que viene
Desde el Gobierno nacional celebraron la aprobación en Diputados y señalaron que se trata de un paso clave dentro de una agenda más amplia vinculada a seguridad y reforma del sistema penal. Funcionarios del área de Justicia aseguraron que el proyecto respeta estándares internacionales y que su aplicación estará acompañada por políticas complementarias.
Con la media sanción obtenida, el debate se traslada ahora al Senado, donde se anticipa una discusión igualmente intensa. Allí podrían introducirse modificaciones al texto aprobado, lo que obligaría a una nueva revisión en Diputados antes de su eventual sanción definitiva.
Mientras tanto, la baja de la edad de imputabilidad vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública, reabriendo un debate histórico en la Argentina sobre seguridad, responsabilidad penal y el rol del Estado frente a los adolescentes en conflicto con la ley.
