El Gobierno convocó nuevamente al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para debatir un incremento del salario mínimo, vital y móvil, sin embargo el monto vigente —$322.200 para una jornada de 48 horas semanales— permanece fijo desde agosto.
Esta cifra resulta claramente insuficiente en un contexto de inflación persistente, deterioro del salario real y fuerte presión sobre los trabajadores registrados. Mientras los precios de bienes y servicios siguen aumentando, mantener el piso salarial estancado convierte al ingreso mínimo en una garantía más simbólica que real.
La convocatoria al Consejo podría entenderse como un gesto de diálogo, pero también como un parche para ganar tiempo frente al malestar creciente entre los sectores más vulnerables. Que la masa salarial de referencia nacional esté tan desfasada implica que muchos trabajadores formales queden atrapados en niveles de ingresos precarios, sin capacidad para cubrir una canasta básica digna o planificar inversiones mínimas.
Por último, la decisión de postergar un aumento significativo del salario mínimo no solo afecta al trabajador en activo, sino también al universo más amplio de prestaciones y asignaciones que están atadas a ese piso. En definitiva, la inacción oficial evidencia que el problema no es solamente técnico, sino político: no se trabaja para recuperar poder adquisitivo, sino para sostener un marco de estabilidad que deja afuera a quienes menos tienen.
