El Gobierno nacional confirmó que comenzará el proceso para privatizar el 90% de las acciones de AySA, la empresa encargada del servicio de agua potable y cloacas en gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, quien informó que en las próximas horas se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de licitación para avanzar con la venta del paquete accionario que actualmente permanece en manos del Estado.
A través de sus redes sociales, el funcionario aseguró que la incorporación de un operador privado “con capacidad técnica, financiera y operativa” permitirá impulsar nuevas inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio. Además, defendió la medida como parte de un modelo donde “el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas”.
Sin embargo, el anuncio volvió a generar fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos, sindicales y sociales, que advierten sobre los riesgos de avanzar en una nueva ola de privatizaciones en servicios esenciales.
Las críticas apuntan principalmente a la experiencia de los años ‘90, cuando numerosas empresas públicas pasaron a manos privadas bajo la promesa de mayor eficiencia e inversiones que, según denuncian, en muchos casos derivaron en aumentos tarifarios, deterioro del servicio y pérdida del control estatal sobre áreas estratégicas.
En el caso de AySA, los cuestionamientos se enfocan en que el acceso al agua potable y al saneamiento no debería quedar sujeto a la lógica del mercado. Desde sectores opositores sostienen que una empresa privada prioriza la rentabilidad económica por encima de la universalización del servicio, especialmente en barrios populares o zonas donde las obras no resultan rentables.
También aparecen dudas sobre el impacto que podría tener la privatización en las tarifas. Organizaciones de consumidores advierten que la entrada de capitales privados podría venir acompañada de nuevos aumentos para garantizar ganancias empresariales, en un contexto económico ya golpeado por la inflación y la caída del poder adquisitivo.
A esto se suma la preocupación por los puestos de trabajo dentro de la empresa y el temor a recortes de personal en el marco de un proceso de reestructuración.
Mientras el Gobierno insiste en que la participación privada traerá inversiones y eficiencia, la discusión vuelve a poner sobre la mesa un viejo interrogante argentino: si los servicios públicos deben ser administrados por el Estado como un derecho social o por empresas privadas bajo criterios de rentabilidad.
