La medida deroga el artículo 1° del Decreto 239/2021, que había autorizado a la Procuración del Tesoro a presentarse como querellante en la causa N° 3561/2019, tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5. En ese expediente se investigaban presuntas irregularidades en la toma de deuda durante el gobierno de Mauricio Macri.
Según se detalla en el texto oficial, la decisión del Ejecutivo se fundamenta en que la causa fue archivada el 2 de febrero de 2026 por la jueza interviniente, quien consideró que los hechos denunciados no constituían delitos penales, sino decisiones de política económica adoptadas en el marco de las atribuciones del Poder Ejecutivo.
El decreto aclara que, al encontrarse archivada la causa penal, carece de sentido mantener la actuación de la Procuración del Tesoro como querellante, ya que su intervención estaba directamente vinculada al desarrollo del proceso judicial. En consecuencia, se ordena formalmente el cese de su participación en ese carácter.
No obstante, el texto señala que la eventual acción civil derivada de los hechos investigados no queda impedida, y que el Estado Nacional podría continuar reclamando posibles daños o perjuicios por otras vías jurídicas si así lo considerara pertinente.
Cabe recordar que en 2021 la Procuración del Tesoro había sido aceptada como querellante en la causa, en una decisión que fue presentada entonces como un paso clave en la estrategia del Estado para investigar y eventualmente responsabilizar a los funcionarios involucrados en el acuerdo con el FMI. Esa intervención había sido formalizada a través del Decreto 239/2021.
Con esta nueva resolución, el Gobierno actual pone fin a esa línea de actuación judicial, alineando su postura con el estado procesal del expediente, ya cerrado en el ámbito penal.
El Poder Ejecutivo Nacional dispuso que la Procuración del Tesoro de la Nación deje de intervenir como querellante en la causa judicial que investigaba el endeudamiento argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La decisión quedó oficializada este miércoles mediante el Decreto 87/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La medida deroga el artículo 1° del Decreto 239/2021, que había autorizado a la Procuración del Tesoro a presentarse como querellante en la causa N° 3561/2019, tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5. En ese expediente se investigaban presuntas irregularidades en la toma de deuda durante el gobierno de Mauricio Macri.
Según se detalla en el texto oficial, la decisión del Ejecutivo se fundamenta en que la causa fue archivada el 2 de febrero de 2026 por la jueza interviniente, quien consideró que los hechos denunciados no constituían delitos penales, sino decisiones de política económica adoptadas en el marco de las atribuciones del Poder Ejecutivo.
El decreto aclara que, al encontrarse archivada la causa penal, carece de sentido mantener la actuación de la Procuración del Tesoro como querellante, ya que su intervención estaba directamente vinculada al desarrollo del proceso judicial. En consecuencia, se ordena formalmente el cese de su participación en ese carácter.
No obstante, el texto señala que la eventual acción civil derivada de los hechos investigados no queda impedida, y que el Estado Nacional podría continuar reclamando posibles daños o perjuicios por otras vías jurídicas si así lo considerara pertinente.
Cabe recordar que en 2021 la Procuración del Tesoro había sido aceptada como querellante en la causa, en una decisión que fue presentada entonces como un paso clave en la estrategia del Estado para investigar y eventualmente responsabilizar a los funcionarios involucrados en el acuerdo con el FMI. Esa intervención había sido formalizada a través del Decreto 239/2021.
Con esta nueva resolución, el Gobierno actual pone fin a esa línea de actuación judicial, alineando su postura con el estado procesal del expediente, ya cerrado en el ámbito penal.
