El Gobierno ha iniciado un proceso de reconfiguración del sistema eléctrico que, lejos de beneficiar a los usuarios, parece cargar el esfuerzo sobre los hogares mientras abre las puertas a las empresas privadas. Bajo la excusa de “normalizar” el mercado mayorista de electricidad, se impulsa un nuevo esquema que reduce los subsidios, traslada los costos al consumidor y minimiza la intervención estatal.
Los nuevos lineamientos implican que los usuarios residenciales deberán pagar una mayor proporción del costo mayorista de la energía, y que el rol del Estado se limitará al de regulador, abandonando su función de garante y proveedor. Mientras tanto, en el mercado mayorista se habilita un sistema de precios marginales y contratos directos entre generadores, distribuidoras y grandes usuarios, lo cual favorece a actores con mayor capacidad de negociación y obliga a los más débiles a absorber el ajuste.
La lógica de mercado que se impone acaba por trasladar al día a día del ciudadano común los costos de una reforma que debería, en teoría, mejorar eficiencia y calidad del servicio. Sin embargo, el resultado concreto es otro: tarifas que subirán, subsidios que desaparecen, y usuarios residenciales que afrontan cargas crecientes. El argumento de la gestión de que esto facilitará inversiones privadas y un sistema más competitivo no logra ocultar que los efectos inmediatos recaen sobre quienes tienen menores recursos.
En definitiva, esta reforma del mercado eléctrico no aparece como un acto de justicia social o mejora del acceso. Se presenta más como un ajuste estructural que deja a los consumidores frente a la factura, mientras las grandes empresas y los capitales privados se benefician de un régimen diseñado para abrir el negocio.
