El Gobierno nacional avanzó en la desregulación del transporte de larga distancia al eliminar la obligatoriedad de las etiquetas y fajas de papel para identificar el equipaje en los micros. La medida, oficializada a través de la Resolución 4/2026, modifica el esquema de control vigente y traslada a las empresas la decisión sobre cómo identificar valijas y encomiendas.
El cambio implica un corrimiento del Estado en un aspecto sensible del servicio. Hasta ahora, el control del equipaje se apoyaba en un procedimiento común, que funcionaba como respaldo para los pasajeros ante pérdidas o reclamos. Con la nueva normativa, ese estándar desaparece y es reemplazado por múltiples sistemas posibles, definidos por cada compañía.
Qué cambia para los pasajeros
A partir del nuevo régimen, el equipaje solo estará protegido si cumple con el mecanismo que determine la empresa. Esto introduce reglas distintas según el operador, menor previsibilidad para el usuario y mayor dependencia de sistemas internos que no siempre serán claros ni equivalentes.
En caso de extravío o daño, el respaldo del pasajero ya no se apoyará en un control estatal uniforme, sino en el registro que haya implementado la transportista. Si el equipaje no está correctamente identificado bajo ese esquema, el usuario puede quedar sin derecho efectivo a reclamo.
Desregulación y control
El Gobierno presenta la medida como un avance hacia la modernización y la reducción de cargas administrativas. Sin embargo, especialistas advierten que eliminar un sistema común sin establecer parámetros mínimos unificados puede debilitar el control y generar desigualdades entre empresas.
La fiscalización también cambia de lógica: la CNRT deberá supervisar múltiples mecanismos privados en lugar de un procedimiento único, lo que dificulta el control y diluye la responsabilidad estatal.
Una señal de política pública
Más allá del aspecto técnico, la eliminación del marbete obligatorio funciona como una señal clara del modelo en marcha: menos regulación y más autonomía empresarial en un servicio público esencial. La incógnita es si esta flexibilidad se traducirá en mejores controles o si terminará afectando las garantías de quienes viajan y beneficiando a las empresas de trasporte.
