Un operativo de gran magnitud llevado adelante por la Policía Bonaerense terminó con la imputación de once internos y el secuestro de trece teléfonos celulares en la Unidad Penitenciaria N° 31 de Florencio Varela, donde la Justicia investiga a una presunta organización criminal que habría operado durante un largo período dentro del establecimiento.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la DDI Quilmes y se realizó luego de que familiares de detenidos e internos alojados en el Pabellón N° 1 presentaran denuncias sobre una serie de maniobras delictivas dentro de la cárcel. A partir de esa información, la fiscal Roxana Giménez, quien subroga la UFI N° 9 de Florencio Varela —especializada en delitos cometidos en contexto de encierro—, ordenó allanar distintos sectores del penal.
Los agentes revisaron cinco celdas del Módulo A Pabellón D, otras cuatro del Módulo A Pabellón 1 y también la oficina del subdirector del establecimiento, donde se hallaron dos de los trece teléfonos secuestrados.
Según surge de la causa, la organización era conocida entre los propios internos como «La Comitiva» y estaba integrada por presos que se desempeñaban en tareas de limpieza y mantenimiento del penal. De acuerdo con las denuncias, el grupo había montado un verdadero sistema de control sobre bienes y servicios dentro de la unidad, que incluía desde la venta de alimentos hasta el manejo del acceso a internet: los denunciantes señalaron que los líderes administraban antenas de la empresa Starlink y cobraban a otros detenidos cuotas mensuales de entre 30.000 y 40.000 pesos para poder conectarse.
Entre los delitos que se investigan figuran extorsiones, amenazas, agresiones físicas, narcotráfico dentro del penal, reducción a la servidumbre, cohecho y maniobras vinculadas al pago de coimas. La pesquisa apunta además a una posible connivencia de integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, entre ellos exjefes, personal jerárquico y agentes actualmente en funciones, así como a presuntas irregularidades en traslados de internos.
Los once imputados fueron identificados como Lautaro Agustín Ríos, Juan Alejandro Osuna Aguirre, Antonio Agustín Romero Ramúa, Hernán Ariel Gómez, Brian Leonel Funes, Rubén Darío García, Marcelo Miguel Aquino Barraza, Jonathan Sebastián Giuliani Pérez, Ángel Alberto Segovia González, Carlos Norberto Tortella y Roberto Carlos Echeverría.
Con los celulares ya secuestrados, la fiscalía ordenó realizar pericias técnicas sobre los dispositivos para reconstruir el funcionamiento de la organización y determinar el nivel de participación de cada uno de los detenidos, además de avanzar sobre la eventual responsabilidad de personal penitenciario. El caso vuelve a poner en el centro de la escena las condiciones de control —o la falta de él— dentro de la Unidad N° 31, un establecimiento que ya había estado bajo la lupa judicial en el pasado.
