El diputado nacional por Córdoba, Oscar Agost Carreño, presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el director de la Agencia de Regulación y Control Agropecuario (ARCA), Juan Pazo, por la controvertida suspensión temporal de las retenciones a las exportaciones de soja, que estuvo vigente durante tres días en septiembre pasado.
La denuncia fue formalizada ante la Fiscalía Federal N°3 de Córdoba, a cargo del fiscal Maximiliano Hairabedián, y apunta a investigar posibles delitos como administración fraudulenta y incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de ambos funcionarios.
La medida, establecida mediante el Decreto 682/2025, permitió que durante ese breve lapso se comercializaran más de 19 millones de toneladas de soja, generando ingresos para los exportadores que superaron los 7.000 millones de dólares. Según Carreño, esta suspensión temporal representó un costo fiscal cercano a los 1.500 millones de dólares, beneficio que habría sido aprovechado por un grupo reducido de empresas exportadoras.
Entre las firmas que más se habrían beneficiado se encuentra Louis Dreyfus Company (LDC Argentina), que según la denuncia declaró más de 3,5 millones de toneladas en ese período, pese a que algunas de estas empresas podrían no haber contado con la soja físicamente en su poder, lo que plantea sospechas sobre la veracidad y legalidad de las operaciones realizadas.
El diputado sostiene que tanto Caputo como Pazo actuaron con pleno conocimiento y voluntad para favorecer a esas compañías, y reclama que se profundice la investigación para determinar responsabilidades penales y administrativas.
Esta denuncia se suma a otras presentadas recientemente ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que también apuntan a posibles irregularidades en la administración pública vinculadas con la política agroexportadora. Entre los denunciados en esos casos figuran también el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el secretario de Agricultura Sergio Iraeta, además de las principales empresas del sector.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la gestión de las retenciones en un momento en que el sector agropecuario y el gobierno atraviesan tensiones por el manejo de los impuestos y las exportaciones.
