El Gobierno nacional anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud, una decisión que generó fuerte impacto político y social y que se da en un contexto marcado por el escándalo de presuntas coimas conocido como el “3%”, que salpica a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Desde el oficialismo aseguran que la medida apunta a reordenar el Estado, reducir estructuras y mejorar los controles administrativos, garantizando que las prestaciones para personas con discapacidad continuarán sin interrupciones. Sin embargo, para amplios sectores de la oposición y organizaciones sociales, el cierre de ANDIS no puede desvincularse del grave deterioro institucional del organismo en los últimos meses.
La crisis se profundizó tras la difusión de denuncias que señalaban la existencia de un sistema de retornos ilegales en contrataciones vinculadas al área de discapacidad, en el que se mencionaba el cobro de un 3% de comisiones que, de manera presunta, llegarían a Karina Milei a través de intermediarios. Las acusaciones provocaron una fuerte conmoción política y derivaron en investigaciones judiciales que aún continúan.
En paralelo al escándalo, ANDIS ya venía atravesando recortes presupuestarios, demoras en pagos, reclamos de prestadores y protestas de organizaciones que representan a personas con discapacidad, quienes denunciaban un ajuste silencioso y la falta de respuestas oficiales.
El anuncio del cierre fue interpretado por distintos actores como una salida política en medio de una tormenta, que lejos de aclarar la situación genera nuevas dudas sobre la transparencia y el futuro de las políticas públicas destinadas a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Mientras el Gobierno intenta despegar la decisión de las denuncias por corrupción, crecen los cuestionamientos sobre si la disolución de ANDIS busca reordenar el sistema o diluir responsabilidades en un momento crítico para la gestión. En ese marco, el cierre del organismo deja abierta una pregunta central: ¿se trata de una reforma administrativa o de una consecuencia directa del escándalo que golpea al corazón del poder?
