Usuarios de Mercado Pago denunciaron una modalidad de cobranza que genera fuerte preocupación: estudios jurídicos e intermediarios contratados por la empresa estarían contactando a familiares, amigos y ex jefes y compañeros de trabajo de personas con deudas para exigir el pago de saldos pendientes.
Según los reclamos, las comunicaciones se realizan a través de WhatsApp, Comunidades de facebook, llamadas telefónicas y correos electrónicos. En varios casos, incluso incluyen detalles concretos sobre los montos adeudados, lo que implica la difusión de información privada y expone la situación económica de los usuarios ante terceros que no tienen ninguna responsabilidad en esas obligaciones.
Para los afectados, no se trata solo de una instancia de cobro, sino de un mecanismo de presión que roza el escarnio. La exposición pública de deudas, aunque sea en círculos cercanos, profundiza la vulnerabilidad de quienes ya atraviesan dificultades económicas en un contexto de creciente endeudamiento.
Especialistas en derecho del consumidor advierten que este tipo de prácticas podría violar tanto la Ley de Defensa del Consumidor como la Ley de Protección de Datos Personales. Ambas normativas prohíben métodos de cobranza intimidatorios y la divulgación de información sensible sin consentimiento.
En ese sentido, remarcan que llamar a contactos o difundir la deuda en redes sociales no es legal: ni familiares, ni amigos ni terceros forman parte del vínculo contractual ni pueden ser utilizados como herramientas de presión. Exponerlos o involucrarlos constituye una práctica abusiva y una posible vulneración de derechos básicos.
El foco también se posa sobre la responsabilidad de la empresa. Aunque las gestiones sean realizadas por estudios externos, los abogados sostienen que Mercado Pago no puede desligarse de los métodos utilizados para recuperar deudas. Es la plataforma la que habilita el sistema, define sus condiciones y obtiene beneficios de su funcionamiento.
Las denuncias reabren el debate sobre el avance del crédito digital sin controles efectivos. En un escenario donde cada vez más personas recurren a financiamiento para gastos básicos, la falta de supervisión estatal deja un terreno fértil para prácticas que, lejos de proteger al usuario, terminan exponiéndolo.
Mientras el negocio financiero de las plataformas crece, también lo hacen los cuestionamientos sobre sus límites. Para muchos usuarios, el problema ya no es solo la deuda, sino la forma en que se intenta cobrarla.
