El conflicto por el desalojo de trabajadores en el histórico complejo turístico de Chapadmalal no es un hecho aislado: forma parte de una transformación más profunda sobre el destino de uno de los símbolos del turismo social en la Argentina.
En los últimos días, la orden del Gobierno nacional de desalojar a familias que viven dentro del predio volvió a poner el foco sobre el futuro del complejo. Con un plazo judicial de diez días, la medida generó tensión entre trabajadores, organizaciones sociales y sectores políticos que denuncian un avance sobre derechos adquiridos.
Pero detrás de este episodio puntual aparece una discusión estructural: qué hacer con las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse.
De emblema social a “innecesario”
Según surge de distintas decisiones oficiales, el Gobierno declaró la “innecesariedad” de estos complejos, habilitando a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a desprenderse de los predios, ya sea mediante concesiones o ventas al sector privado.
La medida marca un quiebre con la función histórica de estos espacios, creados durante el primer peronismo para garantizar el acceso al turismo a sectores populares, jubilados y familias de bajos recursos. Durante décadas, miles de personas pudieron conocer el mar o las sierras gracias a este sistema de turismo social.
Incluso en años recientes, los complejos habían sido revalorizados con inversiones millonarias para su puesta en valor, lo que refuerza las críticas de quienes cuestionan el cambio de rumbo.
Negocio, política y tensiones
El argumento oficial apunta a la falta de utilidad y al costo de mantenimiento. Sin embargo, distintos sectores advierten que la decisión abre la puerta a un negocio inmobiliario y turístico de gran escala, en terrenos estratégicos cercanos al mar y con alto valor económico.
Además, desde el propio sector hotelero se impulsaron críticas al rol del Estado en la actividad, planteando que no debería competir con el sector privado, lo que también forma parte del trasfondo de la decisión.
El impacto social
Mientras tanto, el conflicto por los desalojos pone rostro humano a esta discusión. Familias que vivieron durante años en el complejo —muchas vinculadas laboralmente al lugar— hoy enfrentan la posibilidad de perder su vivienda sin certezas sobre su futuro.
El caso de Chapadmalal expone así una tensión más amplia: el pasaje de un modelo de turismo como derecho social a uno orientado por criterios de mercado.
En ese escenario, lo que está en juego ya no es solo un predio, sino una concepción histórica del rol del Estado y el acceso igualitario a derechos básicos como el descanso y las vacaciones.
