El Ejecutivo nacional oficializó la incorporación del debate sobre la reforma del régimen penal juvenil en la agenda de sesiones extraordinarias del Congreso, en medio de un fuerte debate político y social. La iniciativa propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 o 14 años y generó adhesiones, críticas de la Iglesia y recordatorios sobre la necesidad de abordar causas estructurales de la violencia.
Sesiones extraordinarias y agenda legislativa
El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 53/2026, que amplia el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso previstas entre el 2 y el 27 de febrero, e incluye los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil, entre ellos la propuesta para bajar la edad de imputabilidad penal de los menores.
La medida fue anticipada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y firmada por el presidente Javier Milei, consolidando la voluntad del Ejecutivo de reactivar una discusión que ya había tenido avances parlamentarios en 2025.
Qué plantea el proyecto
Actualmente en Argentina la edad de imputabilidad penal es de 16 años, lo que significa que los menores menores de esa edad no pueden ser juzgados ni condenados penalmente por delitos graves bajo el régimen vigente, una normativa que data de hace décadas.
La iniciativa que ingresará al debate propone reducir ese umbral, aunque el texto consensuado en comisiones en 2025 fijaba la edad mínima en 14 años con penas máximas de hasta 15 años y sanciones alternativas para delitos menores.
La intención original del Ejecutivo era incluso bajar la edad hasta los 13 años, inspirada en modelos de países de la región como Brasil y Uruguay, que contemplan imputabilidad desde los 12 o 13 años.
Los casos que reavivaron el debate
La discusión legislativa cobró nueva fuerza tras tres hechos de violencia que impactaron en la opinión pública:
- El crimen de Jeremías Monzón (15 años) en Santo Tomé, Santa Fe, un caso extremadamente violento que involucró a otros dos menores y la detención de una adolescente de 16 años, difundido incluso con imágenes que circularon en redes sociales.
- El homicidio de Joaquín Ibarra (21 años), asesinado a balazos por dos adolescentes de 16 y 17 años en Tucumán durante un intento de robo.
- La muerte de Uriel Giménez (12 años), en el partido de Tres de Febrero, en medio de una persecución policial en la que el vehículo en el que viajaba se enfrentó a tiros con la fuerza de seguridad.
Estos hechos alimentaron la percepción de sectores políticos y parte de la sociedad de que el actual régimen penal juvenil es insuficiente para responder a delitos graves cometidos por menores.
Apoyo político y discursos públicos
Sectores del oficialismo y aliados políticos reforzaron la postura a favor de avanzar con la reforma. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo que la situación de seguridad exige acciones concretas para evitar que menores con antecedentes y detenidos queden rápidamente libres con las normas actuales.
En sus redes sociales y expresiones públicas, dirigentes oficialistas han planteado la consigna de que ante delitos graves “el que las hace las paga”, en línea con el argumentario que acompaña el proyecto.
Críticas y voces institucionales
No todas las reacciones fueron favorables. Organizaciones como la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Iglesia Católica rechazaron la propuesta de reducir la edad de imputabilidad, argumentando que no es la solución más razonable para abordar la inseguridad juvenil y que es necesario promover políticas sociales profundas que atiendan causas estructurales como la exclusión, la educación y el acceso a oportunidades.
La Iglesia sostuvo que simplificar la respuesta a la inseguridad reduciéndola a una cuestión punitiva no considera las múltiples dimensiones del fenómeno, incluyendo factores psicosociales y educativos.
Asimismo, organizaciones de derechos humanos y expertos en niñez han señalado en debates previos que bajar la edad de imputabilidad no necesariamente reduce la criminalidad y puede contravenir estándares internacionales sobre justicia juvenil.
Debate legislativo y escenarios
En comisiones de la Cámara de Diputados se debatieron distintas propuestas, que incluyen desde fijar la edad mínima en 12, 13 o 14 años, junto con el diseño de un régimen penal juvenil con medidas que podrían ir desde sanciones alternativas hasta penas privativas de libertad en establecimientos especializados.
Diputados de distintos bloques argumentaron que más importante que la edad en sí es evaluar la madurez mental de los menores, la gravedad del delito y las opciones de intervención estatal que promuevan la rehabilitación, una visión que contrasta con la postura punitivista de otros sectores.
Próximos pasos
Con la inclusión formal de este tema en el temario de sesiones extraordinarias, el proyecto comenzará a ser debatido en el recinto del Congreso, donde podría llegar a constituir una de las reformas más significativas del régimen penal juvenil en décadas.
El debate promete ser intenso: enfrentará a quienes plantean respuestas de corte más duro frente a la inseguridad con quienes advierten sobre los riesgos de criminalizar a menores sin políticas sociales integrales.
