Un informe reciente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) reveló que al cierre de 2024 la población penitenciaria argentina alcanzó niveles nunca antes registrados, con un crecimiento sostenido en la última década y un sistema carcelario al borde del colapso por el hacinamiento.
Argentina atraviesa una de las crisis más profundas de su sistema penitenciario en la historia reciente. Un nuevo informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) revela que, al 31 de diciembre de 2024, la población de personas privadas de su libertad ascendió a 121.443, marcando un récord histórico en el país.
Este volumen de internos representa una tasa de encarcelamiento de 258 personas por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta de la que se tenga registro en el país e indica un ritmo de crecimiento que supera con creces el de la población general: mientras los habitantes de Argentina aumentan en torno al 1 % anual, la población carcelaria lo hace cerca del 6 % cada año en la última década.
La situación de los establecimientos penitenciarios es alarmante: operan con un nivel de ocupación del 130,2 %, lo que implica que por cada 100 plazas oficiales hay 130 internos alojados. A pesar de que algunas provincias ampliaron sus capacidades —como Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe y Tucumán, entre otras—, estas mejoras no han sido suficientes para mitigar el problema de fondo.
La sobrepoblación carcelaria no es homogénea en todo el territorio. Provincias como Córdoba lideran las tasas provinciales con casi 377 presos por cada 100.000 habitantes, seguidas por Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe y Salta, todas por encima del promedio nacional.
Uno de los factores que más destaca el CNPT es el uso intensivo de la prisión preventiva. Cerca del 37,3 % de las personas privadas de libertad están en esa situación, es decir, aún no cuentan con una condena firme y permanecen detenidas mientras se resuelve su proceso judicial. Aunque la proporción de condenados ha aumentado comparativamente, el número total de personas en prisión preventiva sigue creciendo en términos absolutos.
Además, el informe subraya que un volumen significativo de la población cumple penas de corta duración (hasta tres años) por delitos que en ciertos casos podrían ser excarcelables o admiten la aplicación de medidas alternativas al encierro. Estos delitos comúnmente incluyen hurto, robo simple, estafa y otras infracciones de menor gravedad.
El análisis también arroja luz sobre la composición demográfica de la población penitenciaria: la gran mayoría son varones (95,4 %), con una edad predominantemente joven (entre 21 y 39 años), mientras que las mujeres y personas trans constituyen una proporción mucho menor. Los extranjeros representan alrededor del 4,5 % del total, alineándose con su proporción en la población general.
Las cifras sobre delitos reflejan tendencias preocupantes: cerca del 36 % de las detenciones responde a ilícitos contra la propiedad, seguidos por delitos contra las personas y hechos contra la integridad sexual. En el caso de mujeres y personas trans, un alto porcentaje de las detenciones está vinculado a delitos relacionados con estupefacientes.
Expertos y organismos de derechos humanos advierten que la actual situación no se resuelve simplemente ampliando la infraestructura carcelaria, sino que requiere una revisión amplia de políticas públicas, un enfoque más eficiente en la aplicación de medidas alternativas a la prisión y una reforma en la gestión de los procesos penales.
