Mientras miles de hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires siguen padeciendo cortes de luz, falta de agua y daños materiales, el Gobierno nacional avanzó con una medida que profundiza la indignación social: el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) aprobó nuevos aumentos tarifarios para EDESUR, que comenzarán a regir desde el 1° de enero de 2026.
La decisión fue oficializada a través de la Resolución 842/2025, publicada este 31 de diciembre en el Boletín Oficial, pocas horas después de un apagón masivo que volvió a exponer el deterioro estructural del servicio eléctrico en amplias zonas del AMBA. Barrios enteros a oscuras, familias sin poder refrigerarse en plena ola de calor, comercios obligados a cerrar y electrodomésticos dañados fueron parte del escenario, mientras EDESUR acumulaba reclamos y el Estado habilitaba subas en las tarifas.
Aumentos garantizados, servicio colapsado
Según la resolución, el ENRE autorizó un incremento del 2,24% en el Costo Propio de Distribución (CPD) de EDESUR a partir de enero. Este ajuste se suma a otros aumentos en: el Precio Estabilizado de la Energía (PEE), el transporte en alta tensión, y los cargos vinculados al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
En los hechos, la medida impactará en las facturas de usuarios residenciales de Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3, aun cuando la empresa no logra garantizar un suministro continuo, seguro y de calidad, tal como exigen los contratos de concesión y la normativa vigente.
El contraste resulta difícil de explicar: tarifas que suben mes a mes frente a un servicio que se cae cada verano, sin inversiones visibles y con un esquema de sanciones que no disuade ni corrige las fallas reiteradas.
La “emergencia” como excusa permanente
El aumento se justifica en el marco de la emergencia energética, declarada en diciembre de 2023 y prorrogada en varias oportunidades. Bajo ese paraguas, el Ministerio de Economía instruyó al ENRE a continuar con la llamada “corrección de precios relativos”, un eufemismo que, en la práctica, traslada el costo del colapso del sistema a los usuarios.
La resolución incluso establece mecanismos automáticos de indexación mensual, atados a la inflación mayorista (IPIM) y minorista (IPC), con el objetivo explícito de preservar en términos reales la rentabilidad de la distribuidora durante cinco años. Es decir: EDESUR tiene asegurados sus ingresos, aun cuando el servicio no mejora.
Cortes, calor extremo y facturas más caras
El contexto en el que se conoce la medida agrava el malestar. El apagón masivo dejó a miles de familias: sin ventiladores ni aire acondicionado, sin agua potable por la falta de presión, sin posibilidad de conservar alimentos, y sin respuestas claras sobre los plazos de restitución del servicio.
A pesar de ello, el ENRE también fijó nuevos valores para: el Costo de la Energía No Suministrada (CENS), la energía suministrada en malas condiciones, y el Valor Agregado de Distribución (VAD), que desde enero asciende a $51,994.
Lejos de representar un castigo efectivo, estas penalidades no han evitado que los apagones se repitan, ni han obligado a la empresa a realizar las inversiones necesarias para evitar el colapso del sistema.
Una pregunta que se repite en cada verano
Con la publicación de esta resolución, la sensación en los barrios es de hartazgo y abandono. Los usuarios no solo pagan facturas cada vez más altas, sino que además deben soportar un servicio deficiente que falla sistemáticamente en los momentos de mayor demanda.
Tras el apagón, el mensaje que baja desde el Estado resulta contundente y polémico:
EDESUR cobra, el sistema colapsa y los aumentos siguen su curso.
En medio del calor, la bronca y la oscuridad, la pregunta vuelve a resonar con fuerza en el AMBA:
¿Hasta cuándo los usuarios deberán financiar aumentos por un servicio que no funciona?
